Los preparativos de Venezuela para abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente acusado de subordinarse a Estados Unidos, disparó la polémica dentro y fuera del país suramericano, según informó ayer el digital Prensa Latina.
Numerosos políticos, investigadores e intelectuales apoyaron el reciente anuncio del presidente Hugo Chávez sobre la posibilidad de que la nación se apartara de ese órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos.
Mientras crecen los respaldos a una medida calificada de soberana, la oposición interna considera que la retirada de esa instancia deja "desprotegidos" a los venezolanos.
Desde EEUU, la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, se abrogó el derecho de criticar esa decisión, con el pretexto de que el gobierno intenta "silenciar" a los defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, esa Comisión no se pronunció en 1989 contra la masacre del llamado Caracazo, que dejó cientos de muertos y heridos bajo la administración del exmandatario Carlos Andrés Pérez (1989-1994), recordó en días recientes el representante de este país ante la CIDH. Siete años después de ocurridos esos hechos, la institución introdujo la demanda en la Corte Interamericana de Derechos humanos, y el 19 de noviembre de 1999 Chávez reconoció la responsabilidad del Estado, aunque los sucesos no ocurrieron bajo su mandato.