El procurador de Venezuela, Carlos Escarrá, negó hoy que exista "una sola expropiación" contra Nelson Mezerhane, exdueño del Banco Federal y que interpuso una demanda en Estados Unidos contra el país sudamericano bajo esta acusación.

"En el caso Mezerhane no existe una sola expropiación, ese señor es un mentiroso, es un delincuente y como delincuente a él se le intervino un banco", dijo Escarrá a la televisión estatal, al afirmar que los poderes del Estado se quedaron "muy cortos" contra el expropietario del banco.

El procurador se refirió así a la demanda que Mezerhane, también accionista del canal privado Globovisión, interpuso en Estados Unidos contra Venezuela y varios altos cargos de ese país exigiendo una indemnización de 1.000 millones de dólares (735 millones de euros) por la expropiación de sus bienes.

Según informó este miércoles uno de sus abogados, Mezerhane presentó la demanda en un tribunal federal de Miami arguyendo que el Gobierno de Hugo Chávez se apoderó de su entidad financiera, acciones y otras propiedades por "persecución política".

El abogado Pedro Martínez-Fraga dijo que "es una demanda que contiene 17 cargos principalmente contra la República Bolivariana de Venezuela por violación de derecho internacional en 36 expropiaciones, ya que estaban motivadas por persecución política".

El procurador venezolano, sin embargo, insistió hoy en que "jamás se ha dictado un decreto de expropiación que le haya afectado su propiedad (...). Nosotros, por el contrario, nos hemos quedado muy cortos en las acciones que el Estado ha debido hacer".

Mezerhane era dueño del Banco Federal hasta que fue intervenido en junio de 2010 por las autoridades bancarias por supuestos problemas de liquidez, en una decisión que la Asociación y el Consejo bancarios de Venezuela consideraron en aquel momento "oportuna".

Sin embargo, el banquero atribuyó la medida a un pase de "factura" política por la posición crítica que mantiene Globovisión contra el Gobierno.

El banquero, que pidió asilo político en Estados Unidos, era accionista de ese canal privado y se negó a entregar al Gobierno sus acciones, que representaban el 20 por ciento del capital de la empresa.

El Ejecutivo luego asumió el control de esas acciones tras liquidar la empresa Sindicato Ávila, C.A., perteneciente al Banco Federal.

Según el abogado de Mezerhane, Pedro Martínez-Fraga, en la acusación de 124 páginas se mencionan como demandados a la República Bolivariana de Venezuela, a la Superintendencia Nacional de Bancos y al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, entre otros.