La Asamblea Nacional aprobó ayer en primera lectura el proyecto de reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios para que el Gobierno adquiera competencias para expropiar comercios y establecimientos que aumenten de forma especulativa y arbitraria los precios, incurran en delitos de acaparamiento o atenten contra el bienestar social del pueblo.
La reforma contempla impulsar sanciones -que podrían llegar a la expropiación de empresas y comercios que incurran en delitos de remarcaje de los precios o especulación-, ampliar la protección de los consumidores y la creación de los denominados Consejos Comunales y otras organizaciones para garantizar la participación ciudadana en el control de la actividad de los comercios, precisó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y diputado oficialista, Mario Isea.
El proyecto de reforma ha estado a cargo de una comisión especial formada por diputados de las comisiones parlamentarias de Desarrollo Económico, Finanzas, Administración y Servicios Públicos, así como de Participación Ciudadana, representantes del Ministerio de Comercio, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Igualmente, el Parlamento venezolano aprobó el martes declarar la cadena de hipermercados franco-colombiana Éxito y el centro comercial Sambil, en La Candelaria, como bienes de utilidad pública e interés social para proceder a su expropiación. Ambos establecimientos pasarán por tanto a manos del Estado.
El diputado Isea justificó la expropiación de Éxito porque ha incurrido en delitos de remarcaje de precios, acaparamiento y especulación y porque la medida beneficiará a la clase media, al tiempo que precisó que la nueva legislación para sancionar el remarcaje se aplicará sólo a los artículos de primera necesidad.
"En este momento, hemos podido constatar que se desata una ola especulativa indiscriminada sobre todos los bienes de servicio con fines de desestabilización. Ya ocurrió en los años 2007 y 2008", subrayó el diputado durante su intervención en el debate previo de la reforma.
A su juicio, "por ello, es necesario fortalecer el instrumento del que dispone el Ejecutivo Nacional para esta lucha, además de generar la posibilidad de participación de las comunidades organizadas en el combate de estos flagelos, independiente de que se trate o no de artículos declarados de primera necesidad", los únicos cubiertos por la reforma, según precisó anteriormente el diputado.