Aprobado el 15 de julio de 2011 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), unos 16 años después de iniciada su tramitación, hoy es papel mojado porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estima el recurso que interpuso el concejal José Antonio Reverón González (Ciudadanos por Arona) y, por tanto, anula el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona.
Emitida el 25 de abril de 2014, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de Contencioso Administrativo del TSJC deja claro que en el momento de la aprobación del planeamiento por parte del ayuntamiento (pleno celebrado el 27 de enero de 2011), el documento contenía modificaciones sustanciales introducidas con posterioridad a la aprobación parcial del Plan por parte de la Cotmac (sesión celebrada el 20 de diciembre de 2006).
El TSJC llama la atención sobre los incumplimientos en que incurre el PGO de Arona al no tener en consideración el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), una normativa superior que condiciona aspectos del planeamiento municipal. En ese sentido, la Sala alude a recalificación de suelo que forma parte de ámbitos turísticos sin el preceptivo plan especial.
Asimismo, la sentencia cita la legislación conculcada por el Plan General de Arona en cuestiones medioambientales al no incluir los informes sobre el impacto de varios planes.
A todo ello, y con carácter relevante, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suma la referencia al emplazamiento de mucho equipamiento público (parques urbanos, esencialmente) en barrancos, laderas, Malpaís de Rasca y hasta en otras áreas protegidas.
La Sección Segunda de la Sala de Contencioso Administrativo del TSJC detectó otras cuestiones que llevó a considerar nulo el planeamiento aronero vigente, entre ellas se refiere a la recalificación de suelo adscrito a unidades de actuación con un criterio que, a juicio del TSJC, parece "arbitrario".
Otro apunte que hace la Sala, que expone muchos aspectos ambientales y de protección del suelo entre su argumentación para rechazar el planeamiento, es el referido a que el Plan General incumple la legislación en lo concerniente al mínimo de viviendas que obligatoriamente deben formar parte del parque de las destinadas a promoción pública u oficial, las VPO.
Esta sentencia de la Sección Segunda de la Sala de Contencioso Administrativo del TSJC puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) por parte del Gobierno Autónomo, toda vez que la decisión judicial afecta a un acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que dio el visto bueno parcial a este documento el 27 de abril del año 2011.
El concejal José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona) fue quien comenzó, en el año 2008, esta batalla contra el PGO aronero de la mano del abogado Felipe Campos. De hecho, la misma sala desestimó un recurso en el que ambos pidieron la suspensión cautelar del planeamiento, el cual anuló parcialmente en septiembre pasado por no disponer de una parte de la evaluación ambiental (este asunto continúa su curso legal en el TS).
El Plan General de Ordenación de Arona fue tramitado y aprobado con José Alberto González Reverón como alcalde.
Aunque el asunto tiene mucha importancia, desde el gobierno municipal de Arona se optó ayer por mantener silencio. Las fuentes autorizadas comunicaron que esa era la decisión, casi la misma que expusieron desde la parte denunciante. El abogado Felipe Campos optó por posponer cualquier pronunciamiento hasta el jueves, momento en que ofrecerá una rueda de prensa junto al concejal denunciante, José Antonio Reverón González. En cualquier caso, éste expuso ayer su satisfacción porque la decisión judicial supone un avance en la oposición que mantiene en este asunto.