Aún no hay acuerdo pero parece que sí avances. Las manifestaciones hechas ayer por la dirección de la empresa y por la máxima representación de los empleados permite constatar que en lo fundamental están de acuerdo: no a los despidos. De hecho, el responsable de Movilidad en el Cabildo, Manuel Ortega, fue explícito: "Si depende de nosotros, no habrá despidos". Virgilio Gómez, el portavoz del sindicato mayoritario (Intersindical Canaria), también dijo que con la propuesta que hicieron ayer "ningún trabajador se queda sin empleo, no habrá reducción salarial y la compañía alcanzará sus objetivos económicos".

En cualquier caso, la tercera reunión entre la compañía Titsa y el comité de empresa concluyó sin acuerdo, porque en lo fundamental, la unificación de los convenios de los servicios urbano e interurbano, hay diferencias en el seno de la representación de los trabajadores. Mientras IC y CCOO son partidarios de la medida, UGT volvió a ponerla en entredicho y a defender una consulta a los empleados del sector urbano.

El secretario general de la Federación de Transportes, Comunicación y Mar de UGT, Juan Carlos Linares, ratificó durante el encuentro de ayer la propuesta de este sindicato que difiere notablemente del planteamiento empresarial, pero que "está elaborada en función de los datos que nos aportó la compañía".

Propuesta de IC.- Sin embargo, Intersindical Canaria se acercó un poco más a las pretensiones de Titsa exponiendo una propuesta que "garantiza la reducción económica que se pretende y la viabilidad de la empresa", con el plus de que "no habría despidos ni reducción salarial".

Virgilio Gómez señaló que eso es posible procediendo a la suspensión del contrato de cada uno de los trabajadores que pertenecen al área de Movilidad durante 22 días y a la reducción del 10% de la jornada laboral del personal de talleres y de administración. "Con eso garantizamos los puestos de trabajo claramente".

Convenio único.- Titsa ha puesto en todo momento como condición imprescindible para llegar a un acuerdo la unificación de los convenios, algo que también quiere Intersindical. Virgilio Gómez dijo que ello es posible "modificando lo existente y respetando las condiciones más beneficiosas para los trabajadores". Para IC, el "gran problema está en UGT", porque "mientras Linares defiende lo que defiende, sus compañeros en el servicio interurbano están de acuerdo en la unificación".

El responsable del sindicato mayoritario en Titsa fue igual de rotundo al exponer que "nos negamos a la reducción salarial y a la movilidad".

Rebaja.- Si hasta ahora la compañía ha expuesto en todo momento que precisa reducir 4,8 millones con cargo al coste de personal de los más de 7,2 millones de euros que tiene que rebajar en gastos, "ahora ha entendido que es posible corregir esas cifras de otra forma y se reduce a unos 4 millones lo que tiene que bajar en el gasto de la plantilla".

Supervivencia.- "Si se llega a un acuerdo de medidas compensatorias o paliativas de los despidos, la compañía puede obtener los ahorros y cumplir el plan de ajuste que le aprobó su propietario, el Cabildo", aseguró el director insular de Movilidad, Manuel Ortega. Las medidas a las que aludió se refieren a la reducción de la jornada y de conceptos salariales, así como con la flexibilidad en la movilidad y la turnicidad, las cuales "nos van a permitir, si llegamos a acuerdos, obtener importantes ahorros sin destruir empleo".

Ortega Santaella dejó claro que se trata de que "la compañía garantice su supervivencia y los empleados su puesto de trabajo", algo que el también vicepresidente de Titsa valoró como posible ya que "todos son muy conscientes de que hay que ahorrar, que no hay escenario alternativo".

Privatización.- Saliendo al paso de los pronunciamientos que señalan al interés de la Corporación insular por culminar este proceso con la privatización de la empresa y del servicio de transporte público en guagua, el director insular de Movilidad fue rotundo al manifestar que eso es "algo absolutamente falso. El Cabildo ya ha manifestado con rotundidad que la compañía es y seguirá siendo pública, pero eso no impide que mejore y garantice su supervivencia".

La próxima reunión está convocada para el 2 de mayo, considerándose posible un acuerdo para evitar el expediente de regulación de empleo (ERE) que conllevaría el despido de los anunciados 117 trabajadores.