El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz Ángel Isidro Guimerá manifestó ayer que si el Ayuntamiento de la capital decide recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la privatización de Emmasa, que es firme, "no se paralizará la ejecución y no tiene efectos sobre la decisión de los tribunales". Así, el edil, que también ha actuado como letrado en el recurso que ha asumido el TSJC, tras un proceso en primera instancia que ganó la corporación, dijo que ya se ha notificado al consistorio, a través de una providencia, que hay un plazo de diez días en el que debe ejecutar la sentencia y que una vez transcurrido el mismo "habrá que esperar dos meses para pedir la ejecución forzosa".

Guimerá indicó que, ante las dificultades por las que atraviesa el ayuntamiento, "no me gustaría que se iniciara una guerra de reclamaciones e indemnizaciones, porque la ciudad hay que hacerla gobernable y no instalarnos en el caos. Yo, desde lugo, apuesto por una fórmula de acuerdo y soluciones, ya que han transcurrido cinco años de ejercicio de gestión del agua y las cifras de la indemnización no serían tan altas, pues faltan 20 años".

Añadió que "hay compañías en Canarias y Tenerife dispuestas a hacerse cargo de un modelo de gestión al 50% y, probablemente, dispuestas a compensar a Sacyr, y que el ayuntamiento participe con un 50% y no con la participación ridícula como tiene ahora". Por ello, dijo que "hay muchas alternativas y habrá que estudiarlas para evitarle los problemas que tiene el ayuntamiento, que son muchos".

Última notificación.- En cuanto a la notificación, señaló que se trata de un procedimiento ordinario, aunque precisó que si se presenta un recurso de interés de ley "no interrumpe la ejecución de la sentencia ni altera el fallo, pues aunque lo gane el ayuntamiento, significa un recurso de futuro, que sólo cambia la situación a partir de una decisión del Tribunal Supremo y en adelante".

Además, el concejal de Ciudadanos advirtió de que un recurso ante el Tribunal Constitucional, "no se lo van a admitir a trámite, pues quien ha vulnerado las normas constitucionales ha sido el ayuntamiento, que no ha sacado a información pública una memoria y ha dejado a los ciudadanos sin posibilidades de pronunciarse".

Consecuencias.- Guimerá indicó que la sentencia del TSJC supone que "se tendrá que retrotraer todo el proceso al principio", estableciendo un periodo de 30 días de exposición, y elevarlo al pleno para decidir "si está de acuerdo con el hecho de que la empresa deje de ser municipal para pasar a ser mixta o, si mantiene la municipalización, algo que siempre he apoyado".

En este sentido, apuntó que si se mantiene la privatización, "se tendría que abrir un nuevo concurso, donde se produciría el capítulo de indemnizaciones, en las que el ayuntamiento podría aumentar el precio del canon, para compensar la cantidad que le tendría que devolver o llegar a un acuerdo con la empresa Sacyr".

Llanos, en tono irónico.- Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Llanos, declaró ayer, en tono irónico, que su formación "felicita" a Guimerá "por el éxito jurídico que ha tenido al tumbar la privatización de Emmasa, ya que es un hecho único que el responsable del crecimiento económico ponga a la ciudad que le paga en el brete de tener que pagar indemnizaciones millonarias por un procedimiento de regularización de un servicio público". Dijo que "él ha ganado un recurso y estará satisfecho por el problema que le ha creado a la ciudad".

Por otra parte, Llanos dijo que el PP "lamenta el continuo goteo de disgustos al que CC está sometiendo a la ciudad con su gestión, porque ya no es sólo Emmasa, sino Parque Bulevar, Teresitas, Parque Marítimo o las indemnizaciones de BP y las demandas de los cementerios, siempre en áreas gestionadas por los nacionalistas".

No obstante, anunció la predisposición de su equipo "a aportar su esfuerzo y apoyo al grupo de gobierno para que esta situación que han generado con la privatización de Emmasa sea lo menos gravosa posible", por lo que, en los pasos que recorra el expediente, "cuenten con nuestro apoyo para un servicio que se puede prestar mejor de forma externalizada".

Proceso subsanable.- El portavoz de CC y concejal de Economía y Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, indicó ayer que la diligencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo "no representa una novedad formal, sino una comunicación de la sentencia, sin que existan diez días para ejecutarla, sino que es a partir del acuse de recibo, que se establecen dos meses para su ejecución".

En todo caso, el concejal explicó que el sentido de la sentencia "se refiere a un defecto de forma, que entendemos subsanable, por lo que, desde el momento que se subsane dicho procedimiento se dará por ejecutada dicha sentencia".

En este sentido, Díaz-Estébanez comentó que en esos dos meses se establece un procedimiento que se desarrollará por medio de la elaboración de la memoria justificativa que faltó en su momento, para someterla a exposición pública y elevarla a la consideración del pleno. Por ello, dijo que si en este plazo no se llevasen a cabo estos trámites, "se podría pedir por parte del recurrente o el afectado, que es el Ayuntamiento capitalino, una incidencia de ejecución de sentencia".

Comentó que la sentencia del TSJC "no se refiere a retrotraer todo el proceso, sino al acuerdo plenario en cuanto al nuevo modelo de gestión privada".