Los ochenta propietarios de dos inmuebles de Santa Cruz afectados por un error burocrático que los convierte en deudores de más de 230.000 euros siguen reclamando a la Administración que resuelva la equivocación que les impide disponer libremente de sus viviendas.
La batalla contra la Administración y los incansables paseos de mostrador en mostrador comenzaron el pasado mes de febrero cuando Carmen Rosa Navarro, una de los propietarias de los edificios, acudió a una entidad bancaria para solicitar una ampliación de su hipoteca, que le fue denegada.
El motivo era que, según los documentos sobre la situación de su casa emitidos por el Registro de la Propiedad, el solar sobre el que se construyó el inmueble cuenta con una hipoteca de 230.990,24 euros desde 1964. Los inmuebles, situados en la zona de la piscina municipal Acidalio Lorenzo de Santa Cruz son antiguas viviendas de protección oficial que los vecinos adquirieron libres de cargas en 1992 y 2001.
Una deuda que no figura
Años después de la compra algunos propietarios vendieron las viviendas y, como explica Carmen, "en ningún documento figuraba esta deuda". En el Registro le confirman la existencia de la deuda, que, según explica, no figuraba en documen- tos anteriores debido a un error del mismo, asunto que deben solventar con el Instituto Canario de la Vivienda, organismo dependiente de la Consejería Vivienda del Gobierno regional, que en su día adquirió las viviendas al Gobierno central y deudor en la actualidad de esta cantidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda del Gobierno central.
En mayo, el ICO envió a Carmen Rosa Navarro un correo electrónico en el que responsabiliza al Instituto Canario de Vivienda de esta deuda, y al Registro de la Propiedad de no hacer las verificaciones correctas en su día y cancelar un oficio de carga cuando no debía hacerlo. La Consejería de Vivienda les dice que estudia el caso.