La situación que atraviesa el Ayuntamiento de Candelaria a raíz de un informe elaborado por el secretario general de dicha Administración local por presunto acoso laboral, coacciones y amenazas, así como por la retirada de expedientes municipales de su despacho sin su autorización, preocupa a los grupos de la oposición. De hecho, nacionalistas y populares instan al funcionario a que presente la correspondiente denuncia en los juzgados.

"Todo lo que advierte este funcionario es de una gravedad máxima y debe poner en conocimiento de la autoridad judicial competente la situación que detalla en su informe", comenta la portavoz de CC, Nazaret Díaz.

"Nos preocupa tanto las supuestas amenazas y coacciones que ha recibido como que salgan sin su consentimiento informes de la Secretaria General, cuando es él quien tiene la guardia y custodia de los mismos", señala la nacionalista, quien teme que expedientes hayan podido ser alterados.

La edil añade que el "mal rollo" que hay en el ayuntamiento "lo ha fomentado el gobierno local y, mientras tanto, muchos trabajadores cuentan con órdenes contradictorias entre sus jefes directos y los políticos, originando conflictos entre compañeros de mismos departamentos".

En similares términos se pronunció el portavoz del PP, José Fernando Gómez, quien añade que "el gobierno local no ha respetado la figura del secretario desde que entró, en 2010".

Dicho funcionario "tiene por misión hacer cumplir la ley y si alcalde no actúa y toma medidas ante este informe, entonces le pediremos su dimisión", advierte.

Por su parte, Mayca Coello, edil de Sí se Puede, considera que antes de recurrir a la vía judicial "el secretario general debería agotar la administrativa".

No obstante, reconoce que el gobierno local "siempre ha puenteado los informes" que emite este funcionario "cuando los mismos no responden a sus requerimientos políticos".

Alfredo Arencibia, portavoz adjunto del gobierno, indica que "la Alcaldía ha dado los pasos pertinentes para aclarar esta situación", añadiendo que algunas "acusaciones del secretario revisten tal gravedad que habrá que demostrarlas".

"El gobierno municipal cumple con la legalidad vigente, ajustándose a derecho. Las valoraciones de los portavoces son, por tanto, subjetivas e inapropiadas", se lamenta el socialista.