El subdelegado del Gobierno en la provincia, Guillermo Díaz Guerra, aclara a EL DÍA que las críticas del gobierno de Vilaflor, del concejal de Sí se Puede, José Luis Fumero, y de los vecinos afectados por la negativa estatal a entregarles ayudas por el incendio de agosto pasado obedecen, en realidad, a un error de concepto sobre la convocatoria de las subvenciones. Tras ser rechazadas 28 solicitudes, el subdelegado matiza que ese respaldo económico iba destinado solo a afecciones en casas o bienes claves para unas condiciones de vida dignas, las conocidas generalmente como ayudas de emergencia.

Díaz Guerra recalca que el Real Decreto deja este aspecto bien claro y que ocurrió lo mismo durante las convocatorias organizadas a escala estatal tras los incendios de 2007 (La Palma, Norte y Sur de Tenerife), 2009 (Gran canaria) y 2012 (Sur tinerfeño y la Isla Bonita).

Por eso, subraya que, en breve, el gobierno central sacará otras ayudas, centradas ya en las afecciones a cultivos, terrenos, infraestructuras agrarias (como redes de regadío) y de otro tipo.

El subdelegado comprende la desazón que hayan podido sentir los vecinos que han visto rechazadas las ayudas, pero aclara que no cabía otra opción porque no se trataba de peticiones motivadas por problemas en viviendas.

Según explica, la confusión afectó al propio alcalde, Manuel Fumero, al que, tras sus quejas en este periódico, explicó la situación y lo tranquilizó respecto a la futura entrega de las ayudas por dichos conceptos.

Para esa nueva convocatoria, que confía en que se oficialice en muy poco tiempo, se requiere que el ministro del ramo saque una orden en virtud del Real Decreto.

Asimismo, el subdelegado explica que, si bien el dinero lo aporta el Estado, las ayudas las gestiona y entrega finalmente la Comunidad.

Además, aclara que la nueva convocatoria no podrá cubrir las demandas por el agua utilizada por los helicópteros de los depósitos particulares. Según remarca, al tratarse de transportes pertenecientes al Gobierno regional, la reposición del líquido, clave para las explotaciones agrarias de la zona y que supuso, en muchos casos, un alto coste, corresponde también a la Comunidad, por lo que insta a los vecinos y autoridades locales a dirigirse al Ejecutivo autónomo en este caso.

El subdelegado recuerda que el Estado aportó hidroaviones, si bien repostaron en el mar.