La facturación por acceso a internet en la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arona se disparó durante, al menos, dos meses y medio. De hecho, según consta en informes municipales, el coste por dicho servicio superó los 3.700 euros entre noviembre de 2009 y mediados de enero a marzo de 2010. Esto provocó que la Intervención del consistorio presentase su "disconformidad" con las facturas "por considerar excesivo el gasto efectuado" por este concepto.

Las arcas municipales tuvieron que desembolsar unos 1.746 euros en 17 días de acceso a la red en noviembre de 2009, así como más de 378 euros entre enero y febrero de 2010, y de este mes a marzo de ese mismo año la factura que aportó el área de Turismo por acceso a internet superó los 950 euros, tal y como reflejan los informes realizados por Intervención.

Pero no son los únicos expedientes reparados por Intervención. Consta en poder de este periódico otro documento donde muestra su "desacuerdo" en la gestión del grupo de gobierno de los trabajos de la primera fase del edificio administrativo del casco, que incluyó únicamente el desmonte del solar.

La funcionaria se vio en la obligación de reparar el pago autorizado por los nacionalistas, que ascendió a más de 762.500 euros, porque se utilizó dinero de la "enajenación de parcelas" públicas llevadas a cabo por la propia CC.

Intervención afirma que "los recursos obtenidos" de la venta de "patrimonio municipal del suelo deberán destinarse", según el artículo 76 del Decreto Ley 1/2000 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales, a "viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y a la conservación o mejora del medio ambiente", entre otras disposiciones. Por tanto, Intervención certifica que el gobierno local utilizó dinero de la venta de parcelas municipales para "ninguna de las finalidades previstas en la normativa vigente".

Cabe recordar que el PSC denunció los gastos realizados por el equipo de gobierno que preside el nacionalista José Alberto González Reverón en la aprobación de la Cuenta General de 2010 y que contabilizó unas 320 advertencias de ilegalidad en dicho año.

Así, su portavoz, José Julián Mena, advirtió de presuntos "quebrantamientos continuados de las normativas vigentes con perjuicio a los intereses públicos por parte de los nacionalistas".

a rona