Los siete bomberos voluntarios V4 y los dos miembros de Protección Civil Tigaya que fueron expulsados de los estos cuerpos de seguridad en Granadilla de Abona anunciaron ayer que la inversión realizada en estos "servicios voluntarios" desde diciembre de 2008 a diciembre de 2010 supera 1.400.000 euros.
Este colectivo también expuso que fueron sustituidos "por personas que carecen de la formación y de los conocimientos necesarios para prestar la atención ciudadana y en situaciones de emergencia" propias de ambos servicios. Además, se da la circunstancia de que "tampoco están asegurados, por lo que de registrarse daños como consecuencia de las intervenciones de los nuevos efectivos podría haber responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente los propios cuerpos de seguridad y no los seguros".
La Asociación de Bomberos Voluntarios V4 y la Asociación de Protección Civil Tigaya denunciaron ante Fiscalía a responsables de ambos cuerpos, entre los que están los presidentes de V4 y Tigaya; la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar, y la concejala de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, a quienes atribuyen la autoría de supuestas irregularidades.
Entre ellas mencionan en tal denuncia, así como en la formulada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granadilla de Abona, que las subvenciones de los ayuntamientos de Granadilla de Abona y Arico y del Cabildo "no están siendo destinadas a fines públicos, sino que están siendo sustraídas presuntamente". Para ello, denuncian que pudieran haber falsificado documentos presentados ante las administraciones.