Un policía local de Coín (Málaga) figura entre los ocho detenidos por la Guardia Civil al esclarecer el robo de 1.100 kilogramos de hachís entre narcotraficantes de una misma organización, cuatro de los cuales han ingresado en prisión, mientras que el resto ha quedado en libertad con cargos.

La red fue traicionada por algunos de sus integrantes que, con la participación del agente, simularon una aprehensión policial para hacerse con el alijo y venderlo a espaldas del jefe de la organización, dedicada a distribuir grandes cantidades de hachís en España, según ha informado hoy el instituto armado en un comunicado.

Esta operación, denominada "Guinda", ha desarticulado en Málaga la red tras practicar registros domiciliarios e intervenir cartuchería metálica 9 milímetros parabellum, gran cantidad de armas blancas prohibidas y simuladas y móviles, sustancias dopantes, cuatro vehículos, 2.800 euros y documentación incriminatoria.

A la organización se le imputan los delitos de tráfico de drogas, estafa, cohecho, falsificación de documentos públicos y pertenencia a organización criminal.

En la aprehensión policial participó el agente en complot con los "traidores" del grupo e instruyó un atestado policial falso para dar credibilidad a la intervención.

La operación surgió a raíz de ese atestado, que presentó un abogado personado en el cuartel de la Guardia Civil de Coín para interesarse por las actuaciones respecto a la aprehensión del alijo.

Tras comprobarse la falsedad de las diligencias, se averiguó que siguiendo instrucciones del líder de la organización, el letrado se presentó en el cuartel para verificar el atestado sobre la aprehensión de 1.100 kilos de hachís en una furgoneta en el aparcamiento de un centro comercial.

Se describía cómo una patrulla de la Policía Local habría denunciado y retirado por la grúa municipal un vehículo mal estacionado, en cuyo interior descubrieron fortuitamente los fardos de hachís, que aprehendieron e instruyeron diligencias.

La investigación determinó que días antes se produjo un alijo de 33 fardos de hachís en costas malagueñas que debían ser trasladados en la furgoneta al aparcamiento del centro comercial, donde se mantendría vigilada por dos miembros de la organización y su jefe hasta que los compradores de la sustancia la recogieran.

No obstante, integrantes del mismo grupo delictivo habían urdido otro plan para apoderarse del hachís, haciendo creer al jefe, de nacionalidad marroquí, que se había perdido por una acción policial.

El plan preveía descargar el hachís en una vivienda aislada en Ojén antes de dejar la furgoneta estacionada en el lugar convenido y para ello ofrecieron una elevada cantidad de dinero al dueño del inmueble por custodiar la droga tres o cuatro días.

El policía local, a cambio de dinero, debía denunciar y retirar con la grúa la furgoneta cuando lo avisaran, lo que hicieron coincidir con la presencia en el aparcamiento del jefe de la red, para que verificara que el vehículo se lo llevaba la grúa.

El agente confeccionaría el atestado en folios blancos con los formatos habituales de diligencias de su unidad, a los que días antes estampó el sello oficial de la Jefatura de la Policía Local de Coín, e insertó la fotografía de los fardos tomadas en la casa de Ojén en la que eran custodiados para que el jefe de la red verificará que las marcas de los bultos eran las de los suyos.

Entre lo aprehendido, se encontró un plano de la ejecución del alijo con instrucciones a seguir por la embarcación que desde Marruecos transportó el hachís, su recepción en playas marbellíes y su traslado por carretera.