Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no deberían seguir abiertos, porque funcionan con un método penitenciario y porque la legislación española tiene mecanismos de control alternativos - "si lo que se busca es controlar"-. María Segurado, abogada de Cáritas Nacional, repitió ayer la postura oficial de la organización, que aboga por su eliminación, pero además explicó otros retos, también invisibilizados, a los que se enfrentan las personas inmigrantes que están en situación administrativa irregular en todo el país. Lo hizo en unas jornadas celebradas en la sala MAC de Santa Cruz de Tenerife que se prolongarán hasta hoy y que abordaron la exclusión de este sector de la población desde un punto de vista jurídico.
El problema de los CIE ha vuelto a primera línea de actualidad tras el motín del centro de Aluche, en Madrid. Sin embargo, Segurado recuerda que los problemas de exclusión que sufren estas personas son más amplios y diversos, aunque pasen desapercibidos para gran parte de la sociedad.
En concreto, la experta señala el fenómeno de exclusión al que se ven abocados los trabajadores inmigrantes que se quedan sin empleo. Cuando esto ocurre, una vez que dejan de percibir las prestaciones a las que tienen derecho, pierden el permiso de residencia. Este cambio de "estatus" también afecta al resto de su familia. "De un día para otro dejan de tener derecho a residir en el país en el que llevan mucho tiempo viviendo; ellos y sus hijos", explica.
"Nos preocupa muchísimo esta situación de invisibilidad en la que tienen que sobrevivir. Están en una especie de limbo jurídico en el que no tienen acceso a derechos básicos", advierte. A esta situación, "la irregularidad sobrevenida", se une la certeza de que parte de esas personas no regresarán nunca al sistema legal de trabajo. La coyuntura laboral, explica, unida a que a algunos empresarios les interesa acudir a los colectivos más desprotegidos, complica el escenario.
Otro de los aspectos que también se analizaron ayer es el tipo de prestaciones a las que tienen derecho. "La ley dice que tienen derecho a una asistencia social básica, pero no está definido qué es eso. Por ejemplo, a la renta de inserción no puedes acceder si estás en situación irregular", señala.
Su experiencia le ha demostrado que el sistema actual "fuerza a esas personas a estar en exclusión". Esta realidad tiene un coste social, que se mide en términos de solidaridad, pero también económico. "Si tienes un comercio y me quieres contratar a mí y yo estoy en situación irregular, tienes que repetir un montón de trámites que yo ya hice en su día. Eso tiene un coste en tiempo, pero también económico, para ti y para la Administración".
"Creo que es un sistema en el que tenemos que pensar un poco e intentar proponer alternativas", plantea. En esta crisis "hemos visto a ciudadanos comunitarios sin permiso de residencia, algo que pensábamos que nunca íbamos a ver. Por eso debemos quitarnos de la cabeza la imagen del inmigrante subsahariano, quizás la que sin querer creemos más habitual".
Así y todo, Segurado no cree en las ayudas específicas. "Los inmigrantes deberían ser tratados como cualquier otra persona. Si intentamos tener un mínimo común para que la gente salga adelante, ese mínimo común tiene que ser igual para todos, porque si no estamos haciendo constantemente bolsas de exclusión".
La abogada recuerda, además, que la inversión aumenta cuando el grado de exclusión es mayor. "Es decir, hay que invertir más en una persona que, por decirlo de manera gráfica, está en la calle, que en un extranjero que está normalizado".