El senador del Partido Popular (PP) por Tenerife, Antonio Alarcó, aseguró que "el Gobierno de España está reforzando la protección del menor ante los abusos sexuales, porque entendemos que son temas que precisan un seguimiento continuo y a los que debe darse una adecuada visualización para lograr el repudio y el escarnio social, armas fundamentales para proteger a los menores".
Así lo manifestaba ayer durante una rueda de prensa, junto al coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia, Abel Román, y el asesor jurídico de la citada asociación, Sergio Ravelo, donde se informó de los avances conseguidos en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia.
El también presidente y portavoz del Grupo Popular del Cabildo destacaba que "en este documento se recogen algunos de los acuerdos de la moción presentada en el Senado, por la cual se solicita al Gobierno que ponga en marcha todas las medidas para prevenir, paliar los efectos y perseguir la pederastia".
En este sentido, Alarcó avanzó que "el documento incluye alguno de estos puntos, como la exigencia de que los contratantes de empleo, cuyo desempeño suponga contacto habitual con menores, tendrán que comprobar que los candidatos no hayan sido condenados por este tipo de delitos".
Además, establece que las "autoridades públicas, funcionarios y profesionales que sepan de situaciones de abusos contra un menor en el ejercicio de sus funciones, tendrán la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Fiscal", añadió Alarcó.
Asimismo, este Anteproyecto de Ley también modifica el Real Decreto 14 de septiembre de 1882, sobre Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en su artículo 433, donde ahora se recoge que para evitar perjuicios en los menores, el juez podrá ordenar que sean expertos quienes les tomen declaración, ordenando la grabación de la declaración en medios audiovisuales.
Alarcó indicó que la redacción del apartado 2 del artículo 777 establece que las pruebas anteriores a menores, como reconocimientos médicos o interrogatorios, serán consideradas como anticipadas o preconstituidas y tendrán validez legal con el fin de evitar la victimización secundaria, protegiendo así la integridad psíquica y física de la víctima.
Del mismo modo, el Gobierno de España estudia la posibilidad de crear un registro donde figuren los pederastas, traficantes de menores y explotadores infantiles condenados en firme.