Los padres de 150 alumnos objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) mantendrán la demanda colectiva contra el Estado español que la entidades Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund presentaron en el Tribunal europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en marzo de 2010. Además seguirían pendientes de sentencia los recursos que algunas familias registraron en el Tribunal Consti- tucional (TC), según explicó una portavoz de Profesionales por la Ética.
El anuncio del Gobierno actual de que EpC será sustituida por una asignatura sobre los valores constitucionales y las instituciones españolas y europeas "no afecta al proceso" abierto en Estrasburgo, precisó ayer el presidente de la organización Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay.
Los objetores acusan al Estado de "violar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos", como el de la vida privada de los menores, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones y a la no discriminación.
Profesionales calcula en unos 3.000 los procedimientos judiciales ordinarios que se iniciaron en España por oponerse a la asignatura, pero no tenía sentido seguir por esta vía, explicó la portavoz, desde que el Tribunal Supremo rechazó, en enero de 2009, el derecho a ejercer la objeción de conciencia en este caso.
Desde 2007, cuando se implantó la asignatura, las familias han presentado 55.000 escritos de objeción, parte de ellos "preventivos", pues los casos reales de negarse a asistir a clase han sido entre 800 y 1.000 por curso, según datos de Profesionales.
Esta organización pedirá al Ministerio de Educación que se estudie alguna fórmula de "normalización académica" para aquellos alumnos objetores a los que se dio por suspensa la asignatura.