La Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño Gráfico de Canarias (Di-Ca) considera que el concurso de ideas convocado por el Gobierno regional para diseñar un logotipo común para los parques nacionales de las islas atenta contra la integridad profesional del colectivo.
La crítica formulada por Di-Ca contra el citado concurso, y que se expresa en una carta remitida al consejero responsable del área, Domingo Berriel, a la que ha tenido acceso Efe, se suma a otra misiva enviada a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por entender que hay competencia desleal en el plan de tutelaje para la consolidación de empresas que promueve este organismo.
En el caso del concurso para seleccionar un logotipo común para los parques nacionales de las islas, Di-Ca ha detectado en las bases varios puntos que no se ajustan a los estándares de calidad mínimos exigidos en concursos abiertos vinculados a instituciones y que incumplen las normas profesionales.
Entre ellos figura la propuesta de que el concurso está abierto a todas aquellas personas físicas y jurídicas que deseen participar, pues Di-Ca entiende que no todos los aspirantes podrían tener los conocimientos técnicos necesarios para realizar una marca que debe posteriormente cumplir unos objetivos estratégicos y respaldar el trabajo de las instituciones a las que representa.
Di-Ca sostiene que debe recurrirse a los profesionales pertinentemente titulados como en cualquier otro ámbito industrial y económico y de hecho, apunta, de la forma en la que este punto está redactado se descarta a priori a cualquier profesional del sector "y queda en entredicho la entidad convocante y la propia marca resultante".
"Si se mantiene este punto recomendaremos a nuestros asociados que no se presenten a concurso o ¿acaso cuando existe un concurso de ideas para un edificio público está abierta la convocatoria a todas las personas físicas y jurídicas?", añade.
También discrepa la asociación de que el jurado para la fase de preselección en la que se eligen las siete marcas finalistas está compuesto por nueve miembros "absolutamente ajenos a las necesidades que debe cumplir una marca para su adecuada utilización, correcta comunicación, transmisión de valores y necesidades técnicas para su reproducibilidad posterior".
"Son todos cargos políticos o técnicos de otras áreas, que sin menosprecio a los mismos, podrían no estar habilitados para emitir el fallo más conveniente y justo", advierte.
También considera que la publicidad que el Gobierno de Canarias va a obtener gracias al concurso debería verse reflejada en el valor del premio pues "un pago bajo deja entrever el valor que se le da al conjunto del proyecto, un logo no es un adorno y una mala imagen siempre hablará mal de lo que hay detrás".
Esto sería motivo suficiente "para comprender que el concurso será un paseo de malos diseños y peores soluciones", precisa Di-Ca, que pide la rectificación de estas bases y se pone a disposición del Gobierno regional para elaborar un documento satisfactorio para los profesionales y para las entidades con todas las garantías.
Al respecto, Di-Ca recuerda que este año el servicio de publicaciones de la Universidad de La Laguna ha editado un libro llamado "Diseño de identidad para espacios naturales" que ruega al Gobierno consultar para que tenga una idea de la dimensión del trabajo "que conlleva realizar una propuesta seria".
Di-Ca también ha escrito a la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras detectar que en el plan de tutelaje para la consolidación de empresas hay al menos cuatro puntos de los nueve que se ofertan gratuitamente "que atentan contra los servicios prestados por el colectivo" de diseñadores.
También supone una competencia desleal desde una administración pública hacia un sector concreto de empresarios y se refiere a los servicios de auditoría de imagen, asesoramiento en publicidad, identidad gráfica y asesoramiento en mercadotecnia.
"En el momento económico en el que estamos una administración pública como el Ayuntamiento de Santa Cruz no puede estar quitándole el trabajo a los empresarios de su municipio", afirma Di-Ca, que sostiene que estas medidas no sólo ponen en duda la profesionalidad de los diseñadores gráficos sino que hacen que los clientes "se replanteen volver a contratarnos cuando un organismo lo ha convertido en servicio público y gratuito".