Cada año unos 20.000 inmigrantes son secuestrados en México por grupos criminales que actúan en total "impunidad", como ocurrió con la masacre de 72 indocumentados en el estado de Tamaulipas, según dijeron hoy varias organizaciones civiles mexicanas.

Esa cifra "no es una especulación" y deriva de informes elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó en rueda de prensa el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), José Antonio Ortega.

En un comunicado leído por Ortega y representantes de Movimiento Blanco y de la Red Social por un México Libre de Adicciones, aseguran que "podría haber más casos como el de Tamaulipas, podría haber decenas de fosas comunes clandestinas y cientos de cadáveres, tanto de migrantes extranjeros como nacionales".

Todos ellos hablaron de "una verdadera crisis humanitaria" en el país, que afecta a los mexicanos y centroamericanos que "sufren los más diversos abusos" en su tránsito hacia la frontera estadounidense.

Según Ortega, es el llamado ''tren de la muerte'' -un inmenso ferrocarril de carga que atraviesa México de sur a norte- el que traza esta estela de vejaciones, con lo que exigen que sean investigados los gobernadores de todos los estados que abarca tal ruta, así como las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Ortega rechazó que la matanza de Tamaulipas se produjera después de que las víctimas se negasen a ser reclutadas por sicarios de Los Zetas, como sostiene -según las autoridades- el testimonio del único superviviente.

"Freddy", un ecuatoriano que regresó hoy a su país, logró avisar el pasado día 23 a fuerzas de la Marina tras escapar herido del rancho de San Fernando donde fueron masacrados 72 ciudadanos ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de los que cuarenta ya han sido identificados.

Esa tragedia se inscribe, aseguraron hoy estas organizaciones en el comunicado conjunto, en la espiral de secuestros que amenaza a quienes atraviesan México hacia el norte, y es una especie de advertencia de las bandas criminales a los que pretendan emprender ese viaje.

"Que si se internan en México más les vale que tengan a alguien que pueda pagar sus rescates", sentenciaron, a lo que añadieron que "si los gobiernos no son capaces de proteger a los migrantes, tampoco son capaces de hacerlo con los nacionales".

Dichas asociaciones describieron un panorama en el que "México se desliza velozmente a la condición de Estado fallido", donde la cifra de secuestrados asesinados de este año podría duplicar la del anterior.

Según los datos que manejan, extraídos de fuentes oficiales como la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, 163 víctimas de secuestros han sido asesinadas en lo que va de año, mientras que 2009 finalizó con 99 personas fallecidas en esas circunstancias.

En cuanto a secuestros denunciados, al concluir 2010 -predijeron- rondarán los 1.800, una cantidad un 193 por ciento mayor a la registrada hace cuatro años.

Todo ello sin contar con los datos de los secuestros no denunciados, que, como explicaron, superan a los sí notificados en estados como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.