La Audiencia de Las Palmas ha condenado a un año y nueve meses de cárcel, un año de inhabilitación para ejercer como odontólogo o estomatólogo, y el pago de 41.880 euros a Augusto Díaz Hidalgo por los daños causados a la paciente María Victoria Fernández.
Díaz Hidalgo realizó a la afectada ocho implantes dentales "pese a carecer de la titulación idónea" para ello y de la "necesaria habilitación" para ejercer como licenciado en medicina y cirugía y doctor en odontología y estomatología, "por hallarse los estudios cursados pendientes de la preceptiva homologación en España".
Así lo establece una sentencia firme hecha pública hoy por las sección primera de la Audiencia de Las Palmas, que ha condenado a Díaz Hidalgo, como pedían el Ministerio Fiscal y la acusación particular, por un delito de intrusismo, por el que impone una multa de seis meses con cuota diaria de ocho euros (1.440 euros).
También le impone, por otro de lesiones, tres meses de prisión y un año de inhabilitación para ejercer como médico odontólogo o estomatólogo y cualquier oficio relacionado con esta profesión.
Augusto Díaz, natural de Las Palmas de Gran Canaria y sin antecedentes penales, al menos entre diciembre de 2000 y mayo de 2003, ejerció como licenciado en medicina y cirugía y doctor en odontología y estomatología "ostentando la representación legal, administración y gestión del Centro Dental San Bernardo", situado en la calle Cano de la capital grancanaria y "dedicado a prótesis y ortodoncia en general", por lo que también ha sido condenado por un delito de estafa.
Por él, la Audiencia le impone un año y seis meses de prisión y una multa de seis meses, a razón de ocho euros diarios (1.440 euros).
Además de tener que pagar las costas procesales, el acusado deberá indemnizar a la afectada con 39.000 euros, más "la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por el importe y gastos que le ocasione el tratamiento de implantología para reparar los daños" que su actuación ha ocasionado.
Y es que, según el fallo judicial, los ocho implantes dentales osteointegrados" que, en su designio de enriquecerse ilícitamente", realizó a María Victoria Fernández "a lo largo de 36 consultas o asistencias, incluyendo las intervenciones quirúrgicas correspondientes", por los que la paciente abonó 15.000 euros, fue "un ejercicio falto de todo cuidado o diligencia que no se ajustó a la lex artis propia de la especialidad".
Dos de esos implantes "tuvieron que ser repuestos y, finalmente, siete fracasaron en modo definitivo. El fracaso completo del proceso evidenció la inutilidad completa de la prótesis para el fin pretendido y ocasionó dificultades de masticación a la paciente e infecciones e inflamaciones bucales generalizadas y continuas", entre otros perjuicios, agrega la sentencia.
Además, la afectada sufrió "la definitiva pérdida de masa ósea en los maxilares afectados", agrega la sentencia, que especifica que de la suma total de la indemnización que tendrá que abonar el acusado se detraerán los 11.768,99 euros que la perjudicada entregó en su día.