Santiago Gutiérrez es concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, por Izquierda Unida, de la ciudad gaditana de Medina Sidonia. En 2011 empezó una andadura que le llevó a crear la sociedad municipal de Medina Sidonia S.L. Este hecho le ha convertido en uno de los grandes impulsores de la municipalización en España. El pasado viernes visitó la capital para exponer los beneficios de un movimiento con el que ha conseguido asegurar 100 litros de agua, de manera gratuita, a familias en situación o riesgo de exclusión social.

¿Cuándo surge Medina Global SL?

Se constituye en el año 2013 después de dos años de trabajo municipal en el cual nosotros hicimos una fusión del tejido empresarial local que había hasta ese momento. La idea era avanzar en la remunicipalización de los servicios públicos de nuestro municipio para acabar con el desempleo en Cádiz, salvaguardarnos de la crisis económica y tener a través de esta empresa un herramienta de intervención para integrar, a través de contratos menores, a la pequeña y mediana empresa ligada al territorio.

¿Qué ventajas tiene?

Principalmente el control efectivo municipal sobre bienes y servicios que nosotros consideramos básicos como son la gestión del agua, los residuos sólidos, el reciclaje y otro tipo de servicios en los que el ayuntamiento detectó que con las contratas privadas había perdido el control. También te permite cuidar los derechos públicos y los de la ciudadanía. Asimismo, no tenemos que pagar beneficios industriales y, por otra parte, los repartos y las plusvalías de la empresa se reinvierten dentro del municipio generando una economía de escala.

¿La municipalización desecha por completo la privatización?

La privatización se elimina como control de monopolio de servicios básicos porque pensamos que el agua y otros recursos tienen un fallo de mercado, ya que la gente no puede elegir dónde compra el agua. Es un sistema cautivo que no permite el derecho de los consumidores y es necesaria la intervención.

En ese proceso, ¿cuáles fueron los primeros servicios en ser municipalizados?

Una vez que el ayuntamiento, a través de informes económicos financieros, vio que este método era viable, así como que finalizaron los contratos con las grandes empresas que funcionaban allí, se fueron incorporando servicios paulatinamente a la empresa pública. Hoy en día estamos gestionando prácticamente todos los servicios municipales.

¿La legislación pone trabas o es un impulso?

Ha habido un avance en este proceso de municipalización en ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, independientemente de los colores políticos, y la reacción que ha habido del Gobierno de España ha sido blindar y dificultar estos procesos mediante el endurecimiento de la normativa porque le interesa la privatización. El nuevo régimen local, la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley de Estabilidad Presupuestaria son algunas de las trabas. Es un conflicto claro de intereses en el que algunos ayuntamientos estamos en la defensa del interés general y luego hay poderes que están defendiendo los intereses de las multinacionales, de ahí la corrupción o las puertas giratorias.

¿En Santa Cruz sería viable esta municipalización?

Es viable en Tenerife y en todas las ciudades desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico, ya que hay numerosos informes y elementos técnicos que justifican esto. Esto va a seguir en los próximos años en toda Europa y desde Izquierda Unida lo hemos incorporado dentro de nuestra política. Que se implante aquí depende de que haya un acuerdo político y un buen informe que lo acredite.

Algunos detractores afirman que la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado que impide la subrogación de los servicios provoca incertidumbre a los trabajadores al tener una condición de indefinido no fijo...

Opino, y así lo reafirman los representantes sindicales de multitud de ciudades, que la gestión pública fortalece los convenios, las capacidades de negociación y la condición de los trabajadores. Hay que decir que se ha presentado un Pacto Social por el Agua en el Congreso de los Diputados y que frente a este movimiento, que intentamos representar, hay una serie de lobbies que están haciendo verdaderas campañas con libros publicados sobre el tema y titulares en medios de comunicación.

¿Sus trabajadores no han sentido esa incertidumbre?

Nosotros, por ejemplo, en los dos últimos servicios que hemos municipalizado, que son la retirada de residuos y el transporte urbano, hemos subrogado la totalidad de la plantilla y la hemos aumentado. Por tanto, no solo se han asegurado las condiciones laborales de los trabajadores que estaban en las contratas, sino que, además, ahora son fijos indefinidos de plantilla aquellos que estaban en bolsas de trabajo.

¿Diría que la municipalización es una opción política?

Tiene una base política, pero es más una opción técnico- económica de futuro. En definitiva, creo que las decisiones de cómo gestionar los servicios públicos competen a los ayuntamientos y la administración y no a empresas o entidades que no representan a la ciudadanía y siguen los intereses particulares.