Asunción Frías, concejala de Sí se Puede, denunció ayer que "la gestión de la prestación canaria de inserción (PCI) en el municipio sigue siendo caótica", como consecuencia de lo cual "se niega a unas mil familias el derecho a percibir esta ayuda". Los responsables, según Frías, "son el Consistorio y el Gobierno de Canarias". La concejala señaló que "alrededor de 500 familias están en lista de espera para poder pedir la PCI y, de las solicitudes tramitadas, hay cientos de expedientes sin resolver por la Dirección General de Bienestar Social. Además, de las resueltas positivamente "no ha sido dada de alta ninguna en el último trimestre". La situación se complica porque las familias que estaban cobrando la ayuda y han solicitado la renovación por tener derecho a ella automáticamente tampoco cobran desde hace tres meses. "La causa de esta situación es que se ha terminado el presupuesto que el Gobierno tenía destinado a la PCI para todo 2014", señaló Frías, que ha pedido la comparecencia de la concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, en la Comisión de Control de este mes. La portavoz ecosocialista añadió que "la mayoría de las UTS no tienen tiempo para realizar el apoyo a la integración social vinculada a la ayuda, por lo que no se está favoreciendo la integración laboral, el objetivo último de la PCI". "Estos datos son de una enorme gravedad, pues mil familias son miles de personas que no están percibiendo ningún tipo de ingresos", señaló. En la Comisión de Control, Sí se Puede pedirá dedicar más recursos humanos y económicos a gestionar la PCI y una postura más valiente y firme ante la consejera del área Inés Rojas.
