El edil de Servicios de Santa Cruz, Dámaso Arteaga (CC), aprovechó la última comisión de control al gobierno para hacer una detallada exposición sobre la situación de los vertidos de aguas residuales al mar en la capital. Un análisis que, sin embargo y atendiendo a los estudios técnicos que maneja su área, resta bastante importancia a la zona en la que se produce esos desagües, al tratarse de un área (puerto de La Hondura) "bastante homogénea en cuanto a las comunidades instaladas, predominando blanquizales sin vegetación; una zona inocua desde el punto de vista ambiental, cuyo impacto se limita a una afección local sobre comunidades de escasa diversidad y valor ecológico, carente de cobertura biótica y dominada por arenales sin colonizar".

En respuesta a una pregunta genérica sobre esta situación del portavoz de Sí Se Puede, Pedro Arcila, el concejal del área recalcó que estos vertidos están autorizados y que, desde el año 2007, se someten a un tratamiento primario bajo supervisión del Gobierno de Canarias que antes no existía.

Esa autorización prevé el vertido de 1.000 metros cúbicos a la hora y, según recalcó Arteaga, se aplica un programa de vigilancia y control por parte de la Dirección General de Control Ambiental. La zona afectada abarca desde el área de servicios del puerto capitalino y lleva tiempo degradada, según un informe de la Universidad de La Laguna.

En esa degradación han influido los vertidos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la refinería, las aguas de proceso y salmueras de Cotesa, la de la estación de bombeo de Cabo Llanos, los vertidos que acarrea la carga y descarga de productos petrolíferos, tanto en el campo de boyas como en los en los diques de Cepsa, y los aportes de lixiviados del Palmetum, que antes era un vertedero incontrolado de residuos sólidos.

Arteaga también insistió en que la depuradora de aguas residuales de Buenos Aires trata un caudal medio máximo de 23.000 metros cúbicos diarios. Recordó que se está tramitando el proyecto de emisario submarino para corregir los problemas que se dan con grandes caudales, aunque recalcó que, dado que el estado ha rebajado de 40 a 16 millones la partida este año para proyectos hidráulicos de la Isla, se le solicitará al Gobierno de canarias que, en vez de la dealadora prevista en el convenio de canarias y el Estado, se incluya la ampliación de la depuradora.

Además, y como recogimos en la edición del pasado viernes, el gobierno local también se plantea aprovechar los 45 millones que aún ha de invertir Sacyr Vallehermoso en la ciudad por la empresa Emmasa para incluir en ese desembolso la ampliación de la depuradora.

Según Arteaga, el proyecto de esta ampliación se terminará antes del próximo mes de agosto y se apostará por una tecnología de un biorreactor de membranas, "que permite lograr un agua depurada con parámetros adecuados para su uso posterior"