El portavoz de Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Corrales, mostró ayer a EL DÍA su malestar por el hecho de que, en el último pleno local, "y ya por segunda vez", el gobierno intentase "colar" el pago de 115.995 euros al empresario implicado en el denominado caso Lerena, por el que se investiga un posible delito de cohecho en favor de una compañía.
Corrales considera muy llamativo que el equipo gobernante, "por la causa que sea", incluso por temor a que el empresario detalle algunas situaciones que podrían poner en aprietos a corporaciones anteriores, haya intentado por segunda vez aprobar el abono de una factura que forma parte de la investigación abierta.
Por eso, considera muy relevante que haya sido la actitud de la oposición, contraria al expediente, la que hiciera reflexionar al gobierno para que dejase sobre la mesa ese punto del orden del día. No obstante, subraya que el juzgado, en ningún caso, permitió en su informe el pago ni que fuera compatible con la investigación abierta. A su juicio, y de haberse aprobado, se estaría cerrando el círculo de un presunto cohecho.