El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que había sido fijado para este lunes, día 21, y en el que se iba a abordar la aprobación del Plan General de Ordenación ha sido aplazado, según ha informado en un comunicado el Consistorio.
Tal y como recoge la notificación derivada en la tarde de este viernes por la Secretaría General del Pleno se señala que "vista la solicitud de suspensión de la sesión plenaria convocada para el día 21 de marzo de 2011, presentada por Guillermo Guigou Suárez, concejal de Ciudadanos de Santa Cruz (...), comunico que dicha sesión queda aplazada. La fecha de celebración de la misma se comunicará en los próximos días".
Guigou ha explicado en declaraciones a Europa Press que se puso en contacto con el alcalde, Miguel Zerolo (CC), tanto por escrito como de forma oral para pedirle el aplazamiento "porque las circunstancias obligan". "Estoy satisfecho porque se ha cumplido el objetivo", ha señalado el edil quien además agradeció la decisión al alcalde.
"Lo mínimo exigible es que las cosas se hagan de acuerdo con la Ley y una vez que sea así se votará lo más conveniente", ha defendido Guigou quien además insistió en que si no se hubiera rectificado se hubiera cometido una "injusticia". No dudó de que este asunto "trasciende" la política municipal, ya que acarraría "consecuencias desagradables a la mayoría de ciudadanos".
Por último, no olvidó el concejal de Ciudadanos que su gran ilusión sería que este PGO no saliera adelante. "Nos lo hemos currado", ha finalizado el concejal para valorar el trabajo de su grupo municipal.
Ciudadanos de Santa Cruz exigió este jueves la suspensión del Pleno porque "nadie ha tenido tiempo suficiente para estudiar el documento con detenimiento". Su petición se debe al "rotundo" informe del Secretario General del Pleno, en el que alude a los graves perjuicios que el régimen jurídico de "Fuera de Ordenación" puede provocar a unos 100.000 vecinos.
A juicio de Ciudadanos este informe tiene que hacer reflexionar al equipo de gobierno y acceder a esta petición de suspensión del Pleno, sobre todo por la responsabilidad legal en la que pueden incurrir si lo aprueban, ya que el propio Secretario en su informe asegura que la obligación de los poderes públicos es buscar soluciones que compatibilicen la protección de los intereses generales con los intereses particulares de los propietarios que han invertido sus recursos legítimamente amparados en la anterior revisión.