El Ayuntamiento de Santa Cruz celebró ayer un pleno extraordinario con un único punto del día consistente en la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 251.460,99 euros para actualizar las subvenciones a las diferentes ONG del municipio.
Todos los grupos con representación en el pleno dieron su visto bueno a un expediente que se convirtió en el primer reconocimiento extrajudicial de crédito que se aprueba por unanimidad en este mandato, lo que dio muestra de la importancia de este punto.
El pleno se desarrolló en apenas veinte minutos (duró más la habitual espera del público y los representantes de los medios de comunicación ante la falta de puntualidad de los concejales que la propia sesión) y destacó por la numerosa presencia de miembros de las diferentes ONG que llevaban esperando dos años a que se les abonaran los proyectos sociales realizados en el municipio. Entre otros, estuvieron presentes miembros del Hogar Santa Rita, Proyecto Hombre, Padre Laraña, el comedor social La Milagrosa, Cáritas Diocesana, Madre Redentor, Médicos del Mundo y la asociación Tagoror Infantil.
Tras la votación del expediente, los portavoces de los distintos grupos, a excepción del de CC, aplaudieron una medida "que demuestra el compromiso del ayuntamiento en materia social", según el concejal de Asuntos Sociales, Ignacio González, y que permitirá anticipar las cantidades a abonar en 2010.
Sólo los portavoces del PSC, José Ángel Martín, y de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, se mostraron algo críticos y apuntaron a las altas dosis de paciencia que han demostrado las ONG, "que han esperado hasta dos años por algunos pagos" y a la necesidad de fomentar la estabilidad en las dotaciones para afrontar de mejor manera el aumento de los servicios que están prestando estos colectivos a los ciudadanos que más lo necesitan.
Por otra parte, los delegados sindicales del consistorio se concentraron a las puertas del ayuntamiento para reivindicar su propuesta de reducción de cargos y estructuras municipales. Los delegados de CCOO, UGT, Asipal y Sepca transmitieron la necesidad de que se produzca una reorganización político-administrativa que tenga en cuenta la realidad de la crisis actual, reduciendo el número de concejales con dedicación exclusiva a un total de los 7 miembros que forman parte de la Junta de Gobierno, a 10 el número de directores generales (los 5 que obliga la Ley de Grandes Ciudades y otros 5 para las áreas creadas) y reducir los asesores a 13.