El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, formado por socialistas y nacionalistas, ha decidido la contratación por cuarto año consecutivo de los dos mismos trabajadores para un programa que financia el Servicio Canario de Empleo (SCE), una decisión que ha sido cuestionada en sesión plenaria por los tres grupos de los partidos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Nueva Canarias, que han solicitado un informe jurídico sobre la legalidad en la repetición de contratos.

Iván Díaz, concejal del PP, explicó además que una de las personas beneficiadas con estos contratos es familiar directa de un concejal del Partido Socialista. En concreto, se refería a Julio Felipe, que incluso se da la circunstancia de que en el año 2013, justo cuando se produjo el primero de los contratos, era el responsable municipal de Desarrollo Local, área que elaboró y gestionó el programa que se subvencionó.

Díaz no solo cuestionó la repetición de contratos, sino que fue un poco más alla para poder en duda "el perfil de las personas contratadas" para la nueva fase del programa, denominado Prodae y que tiene como uno de sus objetivos dar valor a viviendas en desuso, infrautilizadas o con potencial alojativo.

La concejal de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán, no quiso entrar en cuestiones personales, es decir, en la relación familiar de una de las personas que ha repetido contrato, pero sí reclamó del grupo de gobierno un informe jurídico para garantizar que mantener a las mismas personas desde 2013 en un programa con el SCE se ajusta a la legalidad vigente. La edil pidió también la elaboración de una memoria para ver si el Prodae estaba cumpliendo los objetivos marcados.

Por su parte, el edil de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, defendió la necesidad de "dar opciones a otra gente que quizás tenga mejor perfil para la fase en la que ahora se encuentra este proyecto".

Desde el grupo de gobierno, el alcalde, Sergio Matos, recordó que los contratados en este programa se eligieron "tras un proceso selectivo al que se presentaron otras personas", una selección que tan solo se realizó para el primer año (luego se renovaron de forma automática) y en la que inicialmente participó como miembro del jurado el propio Julio Felipe, lo que motivó que el procedimiento fuera impugnado y anulado, siendo posteriormente sustituido por otro edil también del Partido Socialista.

El regidor municipal defendió que "no tuvo nada que ver" el apellido de los aspirantes para ser contratados, sino su formación.

Por último, la actual responsable municipal de Desarrollo Local, Guadalupe González, estuvo de acuerdo en hacer un informe jurídico sobre las contrataciones, como pidió la oposición, y dejó claro que "desconocía" la relación familiar de una de las trabajadores en este programa con Julio Felipe e hizo hincapié "en el gran trabajo" que han desarrollado las dos personas contratadas.