La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en vigor desde principios de este año tras ser publicada en el BOE el día 30 de diciembre de 2013, limita el número de concejales con dedicación exclusiva que cada municipio puede tener en función de sus habitantes, pero sin embargo en ninguno de sus apartados hace mención a los ediles con sueldo a media jornada, lo que ha motivado que no pocos interventores de corporaciones locales se hayan dirigido al Estado reclamando una aclaración al respecto.
Si se aplica el espíritu con el que la ley fue elaborada, buscando un ahorro para la administración en las nóminas de los políticos, y, por ello, se entiende que afecta a todos los ediles que reciban sueldo de los ayuntamientos, ya sea por dos, cuatro u ocho horas, en las instituciones locales de La Palma sobran una veintena de sueldos a concejales, que temen por su renta.
Los Llanos de Aridane es el único municipio de La Palma que supera los 20.000 habitantes y la nueva ley no le afecta, ya que incluso tiene menos liberados de los permitidos en su rango. Por el contrario, Santa Cruz de La Palma solo puede tener siete ediles con exclusividad. Ahora mismo, tiene cinco, Juan José Cabrera, Sergio Matos, Zacarías Gómez, Manuel Abrante y Julio Felipe, pero es que además suma otros seis con dedicación parcial. Ni ellos mismos saben cómo quedará su situación con la aplicación de la nueva normativa.
La capital tiene además otro problema añadido: el personal eventual. La ley aquí sí es clara. Un ayuntamiento que gestiona los servicios de poco más de 16.000 habitantes puede tener dos asesores para todos los grupos políticos con representación municipal. Santa Cruz de La Palma suma cinco, dos del Partido Popular, otros tanto del Partido Socialista y uno de Coalición Canaria. Tres perderán su puesto de trabajo. Todo apunta que los dos partidos que gobiernan, PSC y PP, se quedarán con uno por grupo y la oposición, CC, perderá su único colaborador.
Hay que tener en cuenta que la ley se tiene que aplicar en 2014 y afecta a los nuevos presupuestos que aprueben todos los ayuntamientos, salvo aquellos que respeten la ley de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y siempre que el periodo medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. En el caso de la capital, su institución no alcanza la tercera y última de las exigencias. Para las administraciones que sí satisfagan tales condiciones, podrán saltarse los límites de sueldos y cargos de confianza hasta el 30 de junio de 2015, es decir, después de las próximas elecciones locales y autonómicas.
Por su parte, San Andrés y Sauces, Breña Alta, Puntallana y Mazo cumplen con la ley desde el principio de legislatura, por lo que no sufrirán cambios. Todo lo contrario ocurre con Fuencaliente. El ayuntamiento sureño tiene menos de 2.000 habitantes y tres concejales con dedicación exclusiva. Y gracias que el alcalde, que es el cuarto liberado, no se suma porque cobra sus emolumentos de la Consejería de Educación. En este caso, no hay dudas y dos ediles perderán sus nóminas. También tiene un edil más de lo que le corresponde Puntagorda y lo mismo le pasa a Breña Baja.
Más complejos serán los ajusten en Tijarafe, que tiene cinco liberados y tan solo puede contar con dos. En este caso, destaca que el alcalde está jubilado y su nómina como regidor municipal alcanza los 1.900 euros. Tres representantes también "sobran" en El Paso, incluso en la Villa de Garafía y dos en Tazacorte.
Situación curiosa la que ocurre en Barlovento. Inició la legislatura con tres ediles con dedicación exclusiva y después del cambio de Alcaldía, en plena crisis económica, tuvo que abrir un "hueco" para darle un sueldo a la regidora saliente, Vanessa Rodríguez. Ahora, con la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local solo puede tener dos concejales a sueldo.