La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado un recurso de apelación presentado por Antonio Castro Cordobez, presidente del Parlamento de Canarias y expresidente de Coalición Canaria en La Palma, contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife, que sentenció que su honor no se había visto dañado por unas declaraciones realizadas en mayo de 2011, justo antes de las elecciones de aquel año, por el portavoz de la plataforma contra la instalación de plantas de asfalto en Los Llanos de Aridane, Vicente Rodríguez, en un acto vecinal y de las que EL DÍA se hizo eco.

Ramos acusó al líder insular de los nacionalistas de "beneficiarse con la venta de terrenos para el desarrollo del polígono industrial" del Callejón de la Gata, hablando incluso de "trama político-empresarial" y de que "algunos se llenaron los bolsillos" con aquella operación. Castro decidió presentar una querella "por supuestas calumnias e injurias y posible delito electoral por mi derecho de sufragio pasivo".

Sin embargo, la primera sentencia, respaldada ahora por la Audiencia Provincial, desestima la acción ejercitada por Antonio Castro "en solicitud de la protección de su honor frente a las manifestaciones realizadas por el demandado y recogidas en la prensa local", al considerar que, en aplicación de la doctrina jurisprudencial de la ponderación, la actuación de Vicente Ramos "no reviste la gravedad necesaria para, en contraposición con el derecho a la libertad de expresión, ser calificada de atentatoria al derecho al honor".

La justicia entiende que la acción del presidente de la plataforma vecinal "debe ser calificada de información y no de expresión". También se tiene en cuenta que, pese a la pretensión del demandado de que en las elecciones inmediatas a sus declaraciones se produjera "un vuelco electoral" y que CC "reciba el castigo correspondiente para que nos gobierne otra clase de gente con ética", el demandante "fue elegido y sigue de presidente del Parlamento de Canarias".

Después de conocer la última sentencia, Vicente Ramos manifestó que a su juicio la denuncia presentada por Antonio Castro fue "un burdo intento de matar al mensajero y de amedrentar a la plataforma. Pero se equivocaron de estrategia, ya que el respaldo de los vecinos afectados al portavoz fue unánime".

De igual forma, hace especial hincapié en que estas dos sentencias "han servido para demostrar que los neocaciques palmeros ya se encuentran con jueces honestos e imparciales que no claudican ante su prepotencia, y que los movimientos sociales bien organizados sirven también para poner al descubierto las tramas político-empresariales que pretenden lucrarse a costa de la salud de las personas". Aclara que seguirá luchando por evitar la puesta en marcha de las plantas de asfalto.