El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se pondrá en contacto con las tres empresas que en 2007 se presentaron al concurso del servicio de abastecimiento de agua, con el objeto de analizar la sentencia firme emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado sábado, obliga a una nueva valoración de las ofertas presentadas y, con ello, anula la adjudicación a Canaragua.
Fuentes del gobierno municipal confirmaron ayer a esta redacción que esta semana se desplazará a la Isla el abogado que defendió los intereses del ayuntamiento ante el TSJC, para estudiar junto al grupo de gobierno la estrategia más favorable que deben seguir para evitar que las arcas públicas salgan perjudicadas, aunque teniendo en cuenta que "la sentencia es firme".
Las mismas fuentes explicaron que "si tenemos en cuenta que la sentencia no anula todo el proceso, sino que obliga a las empresas a mantener sus ofertas, la primera opción que tiene el ayuntamiento es hablar con Aqualia y Valoriza (que iniciaron el proceso judicial) para ver si mantienen o retiran, como parece más probable, sus millonarias ofertas. Hay que tener en cuenta que la situación económica de 2007 no es la misma que la que ahora estamos padeciendo y ninguna empresa dará 10 ni 8 ni tan siquiera 7 millones por el servicio de agua".
El grupo de gobierno espera que en este trámite de consulta se pueda solucionar definitivamente el conflicto. En caso contrario, "la corporación local no tendrá otra opción que evaluar de nuevo las ofertas, anulando uno de los conceptos que fue valorado en favor de Canaragua".
Lo que, por otro lado, resulta difícil de entender es que Aqualia y Valoriza decidan retirar sin contraprestación algunas de sus ofertas cuando ambas empresas han defendido su postura por la vía judicial durante muchos años. Otra cosa es que sus servicios jurídicos entiendan que puedan tener derecho a algún tipo de indemnización con cargo a las arcas municipales, más allá de que opten o no por seguir en el concurso.
Destacar que la privatización del servicio de agua supuso para el ayuntamiento unos ingresos de 10,7 millones de euros, ya que además del canon de 7,9 millones recibió otros 2,8 en efectivo después de que solicitara a Canaragua que en lugar de comprar la casona pactada en la adjudicación, en plena calle Real, ingresara su coste en las cuentas municipales, tal y como hizo la empresa. A tal cantidad hay que añadir la inversión de la adjudicataria en la mejora de la red, que estaba muy deteriorada.
millones. El ayuntamiento capitalino recibió en 2007, con la adjudicación del agua, un total de 10,7 millones de euros, además de la inversión de Canaragua en la red, que estaba muy deteriorada.