El cierre previsto de 12 escuelas unitarias de La Palma que, según matizaba ayer la Consejería de Educación, no cuenta aún con una decisión oficial (pese a que extraoficialmente se le ha comunicado a muchos maestros), supondrá la pérdida de una veintena de puestos de trabajo de docentes interinos o vinculados a asignaturas especiales, según los cálculos que manejan los sindicatos. Ese el único ahorro económico real que se obtendrá con esta decisión, en el caso de ejecutarse.

Según esos cálculos, los docentes interinos que hoy se encargan de estas escuelas unitarias se quedarán directamente sin trabajo, mientras que los que sí tienen plaza fija serán desplazados a otros colegios mayores, en donde se producirá la correspondiente sustitución de una de las plazas que ocupa otro maestro. A estos se unirán los profesionales de educación que imparten asignaturas especiales en estas escuelas (vinculadas a los Colectivos de Escuelas Rurales en función del número de unidades), como son los de idiomas, educación física, religión o música, que también se quedan sin colegios.

El coste real, casi único, de estas escuelas unitarias (las que se quieren cerrar tienen todas menos de 15 alumnos) se centra en las nóminas de los maestros, ya que la limpieza de las mismas corre a cargo de los ayuntamientos a través de convenios y no existe comedor para los niños. Evidentemente, los gastos educativos anexos que se producen por cada niño con plaza es el mismo en un centro mayor o centro completo, incluso aumenta al tener que poner transporte escolar para estos alumnos desplazados varios kilómetros de su núcleo residencial.

En casi todos los casos -Tacande y Tajuya (El Paso), Gallegos y Las Cabezadas (Barlovento), Franceses (Garafía), Tenagua (Puntallana), Velhoco (Santa Cruz), Las Ledas y El Fuerte (Breña Baja), Santa Rosalía y Tigerorte (Mazo) y Las Caletas (Fuencaliente)- se trata de núcleos rurales en los que se deberá recoger a los alumnos para llevarlos hasta su nuevo centro, a kilómetros de distancia.

Un ERE camuflado

El hecho de que sólo reduzcan nóminas de maestros sitúa al Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEC) en la afirmación de que se prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) en toda regla que afectará primero a estas colegios rurales y luego a toda la escuela pública insular.

El sindicato acusa al PSC de haber iniciado el curso al frente de la Consejería de Educación con la adquisición de un compromiso de "no modificar el mapa escolar de estos centros en toda Canarias, sin antes sentarse a negociar, a planificar conjuntamente con los docentes y las comunidades educativas, respetando el Acuerdo Marco", pero ha faltado a su palabra.

Según el STEC, las Escuelas Unitarias de La Palma se enfrentan a un ERE disfrazado en el cierre de 12 colegios, con informes evaluados de todos ellos por los inspectores, en pleno periodo de matrículas, con el objetivo de confundir, crear inseguridad sobre la viabilidad de estos centros, y finalmente desanimar a los padres para que renuncien a su derecho a elegir libremente el centro y el modelo educativo que desean para sus hijos, justificándolo únicamente por los mismos criterios económicos que ellos rechazaban cuando eran oposición".

En ese sentido, avisan de que "si se permite esta agresión, las consecuencias serán para toda la escuela pública, porque la Consejería no solo no va a poner más medios y recursos a los centros completos que reciban el alumnado de las escuelas pequeñas suprimidas, sino que luego caerán los recortes en centros más grandes".

Por ello, el STEC realiza un llamamiento a todas las comunidades educativas, a las AMPAS, los sindicatos y a las instituciones de La Palma "a estar unidos y a luchar organizados para frenar esta agresión a la escuela pública".