El Gobierno de Canarias mantiene con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma una deuda elevada, pero sin cuantificar, por el impago desde 1993 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de una promoción de 108 viviendas ubicada en la avenida del Puente, cuyos inquilinos viven de alquiler mientras la propiedad sigue siendo pública.
La deuda del Ejecutivo regional y la obligación del ayuntamiento de intentar cobrarla por cualquier vía legal, tal y como actúa con sus ciudadanos, fue expuesta en sesión plenaria por el Partido Socialista, que mostró al alcalde, el nacionalista Juan Ramón Felipe, la necesidad de articular medidas para recaudar fondos, sobre todo en tiempos de crisis.
Hay que tener en cuenta que sólo están exentas del pago de IBI aquellas construcciones ligadas directamente a la seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios, así como los inmuebles relacionados con la defensa nacional. En el caso de viviendas sociales, se establecen bonificaciones del 50% los tres primeros años, a partir de la fecha de entrega de las llaves a sus arrendatarios; es decir, el Gobierno sólo tendría que haber pagado entre 1993 y 1996 la mitad de este impuesto, un beneficio que el ayuntamiento, la ley así lo faculta, puede ampliar en las ordenanzas fiscales por tres años más. Nunca pagó ni un solo euro.
Otra de las cuestiones expuestas en el pleno fue el compromiso, sin ejecutar, del Gobierno de Canarias para la cesión al Ayuntamiento capitalino de los bajos de dos promociones públicas que se construyeron sobre columnas en el barrio de Mirca. La corporación local cedió los terrenos, pero con el acuerdo de obtener espacios, con más de 3.000 metros cuadrados, para destinarlos a almacenes municipales, con el objeto de centralizarlos en un mismo lugar y, sobre todo, eliminar el pago de alquileres de inmuebles destinados a estos fines. La cesión no se ha realizado.