El tratamiento de las aguas residuales en la Isla no es, ni mucho menos, el más adecuado, tanto por el déficit de infraestructuras como por el vertido incontrolado al mar, según se desprende de los estudios realizados por el propio Consejo Insular de Aguas, organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Cabildo, informes se incluyen en el Estudio General de la Demarcación Hidrográfica de La Palma de 2009.

En este documento se advierte de que actualmente, "tan solo la mitad de los municipios de la Isla cuentan con redes de saneamiento", lo que denota claramente "un importante déficit de estas infraestructuras a nivel insular", informando además de que las condiciones en las que se encuentran estas redes "son, en general, adecuadas", aunque se reconoce que algunas de ellas, concretamente un 16,6%, presentan "un estado deficiente".

En el informe de Aguas se indica además que en la Isla se generan 6,2 hectómetros cúbicos al año de aguas residuales, "si bien el tratamiento de estas aguas en La Palma se concentra en ocho estaciones depuradoras, principalmente, con una capacidad conjunta de 7.500 metros cúbicos al día, es decir, el 44,0% de las aguas generadas".

Hay que tener en cuenta que esta situación debe mejorar cuando se pongan en marcha las depuradoras comarcales del Valle de Aridane y del Este, con redes para municipios que ahora vierten al subsuelo, a pozos, como El Paso y Villa de Mazo, entre otros, y que estarán conectados a las nuevas infraestructuras.

Otro de los aspectos que se valoran en el Estudio General de la Demarcación Hidrográfica son los vertidos al mar, que acarrean sanciones de considerable cuantía y a las que algunos ayuntamientos de la Isla ya han tenido que hacer frente por infracciones ambientales. En este sentido, se asegura que "se encuentran inventariadas un total de diecisiete conducciones de vertido al mar, de las cuales tan solo tres cuentan con la pertinente autorización administrativa". Esta información pasa casi desapercibida en el documento y no se complementa con ningún otro dato sobre localización y grado de utilización de las conducciones sin legalizar.