Más de 200 explotaciones ganaderas repartidas por la geografía insular están trabajando fuera del marco legal, una situación que se produce principalmente por la ausencia de planes o medidas que regularicen la actividad, destinando suelo en los municipios para la supervivencia del sector.

Las explotaciones fueron ubicadas en su día por sus propietarios aprovechando el vacío legal existente, y, también, debido a la falta de aprobación o desarrollo de los planes de ordenación para fijar suelo en el que situar estas infraestructuras. Ha sido una actividad permitida durante años por ser clave para la supervivencia de un importante número de familias de La Palma, pero ahora afrontan inspecciones e incluso amenazas de denuncias que ponen en peligro su mantenimiento, que va ligado a la idiosincrasia del sector primario en la Isla.

Representantes del sector consultados por EL DÍA han expresado su preocupación "por la incertidumbre y el miedo que estamos viviendo", advirtiendo de que "nos queremos legalizar", pero hasta el momento "no existe el marco legal al que acogerse", poniendo en duda las normativas regionales anunciadas este mismo año.

¿Ley o engaño?.- Los ganaderos, tanto de vacuno como de porcino, ovino y caprino, entendieron en un primer momento que la Ley de Medidas Urgentes aprobadas por el Gobierno de Canarias el pasado mes de mayo, en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, era la solución para la legalización de las explotaciones, al menos para las construidas con anterioridad a 1999, pero después de analizar detenidamente la normativa, en la que los requisitos son muy complicados de satisfacer, existe un alto grado de desasosiego en el sector ante la posibilidad de que todo finalice con un listado de fincas y que la mayoría, a la postre, acaben con expedientes de derribo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

A los ganaderos les están llegando cartas donde se les informa de los documentos que deben aportar para legalizar sus fincas, informes que van desde las dimensiones de las mismas hasta el número de cabezas de ganado, estudio de impacto ecológico, superficies de usos o planos, entre otros. Además, será muy difícil poner en ley las explotaciones ubicadas en espacios naturales protegidos, un elevado número; y en asentamientos rurales con viviendas cercanas, ya que la Ley de Medidas Urgentes las prohíbe cuando los planeamientos locales las ven incompatibles, como así ocurre en la mayoría de los casos.

Adaptarlas o derruirlas.- En la citada ley, que en absoluto se adapta a ganaderos que si tuvieran todos los documentos que se les pide ya tendrían legalizada su granja y no necesitarían de esta medida "de gracia", se deja claro que aquellas explotaciones que no se adapten a los plazos o no realicen las mejoras o adaptaciones que se les han impuesto para su legalización, serán objeto de un expediente con la consiguiente denuncia, pago de multa y posible demolición de las instalaciones.