La gloria de los hombres se ha de medir siempre por los medios de que se ha servido para obtenerla (Francois de la Rochefoucauld, escritor, 1613-1680)
uando, según las encuestas del entro de Investigaciones Sociológicas del pasado septiembre, tras el paro y la crisis económica, son los políticos el problema que más preocupa a los ciudadanos, los indultos que está concediendo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, encienden la voz de alarma en la sociedad española, tal es el caso de los concedidos en el BOE de 13 de marzo, en que a un político, el ex secretario general del Departamento de Trabajo de ataluña con Jordi Pujol, Josep María Servitje, y a un empresario, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, las condenas por corrupción de penas de prisión se les han sustituido por multas de 3.600 euros, a instancias de Alberto Ruiz Gallardón, que habiendo jugado al progresismo en otros tiempos, está aflorando su auténtica ideología, generando por ello y por otras decisiones polémicas un manifiesto rechazo en amplios sectores de los profesionales de la Justicia, jueces, fiscales, abogados y procuradores.
on el indulto desaparece la responsabilidad penal, lo que conlleva el perdón por el delito cometido a pesar de la sentencia en firme de los tribunales de Justicia, y aunque la persona en cuestión sigue siendo culpable se le perdona el cumplimiento de la pena, la cárcel, por ejemplo. Lo otorga el Rey, a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del onsejo de Ministros, de acuerdo con una ley más que centenaria de 18 de junio de 1870, si bien modificada por otra de 14 de enero de 1988. Mientras que en la mayoría de los países de nuestro entorno occidental se recurre al indulto excepcionalmente, en España se han beneficiado unas 17.000 personas desde la recuperación de la democracia, con una media anual próxima a 500, a las que se deja en libertad sin cumplir las condenas aprobadas por los tribunales de Justicia, una gracia que se instituyó para minorar los posibles abusos judiciales o por razones humanitarias, pero que nada más repasar muchos casos muy sonados, más parecen un abuso de poder, ya que su concesión depende del gobierno. Si bien los delitos contra la Administración Pública son los más indultados, otros han resultado muy polémicos, como el de cuatro mossos d''Esquadra condenados por el Tribunal Supremo en 2009 por delitos contra la integridad moral y torturas y lesiones, a raíz de detener por error a un ciudadano rumano en Barcelona, golpeándole por todo el cuerpo, amenazándole y llegándole a meter una pistola en la boca para hacerle confesar, lo que motivó que 200 jueces firmaran por escrito su desacuerdo.
Según los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado, el gobierno del PP con José María Aznar ha sido el que más indultos ha concedido, a razón de 2,04 cada día de su mandato, 5.948 en total, siguiéndole Mariano Rajoy (PP), con 1,38 (468 hasta ahora), y Leopoldo alvo Sotelo (UD), con 1,36 (878).
Los gobiernos del PSOE han concedido menos indultos que los del PP, de tal manera que Felipe González indultó a una media de 1,21 por cada día que gobernó (5.944) y José Luis Rodríguez Zapatero 1,20 (3.378). El que menos indultos concedió fue el gobierno de Adolfo Suárez (UD), 0,58 cada día, 410 en total.
La prevaricación, la malversación de dinero público o el cohecho no siempre llevan a la cárcel o la inhabilitación, prueba de ello es que en los últimos trece años más de doscientos condenados por delitos contra la Administración Pública han sido indultados.
Así que ya se sabe: a prevaricar, a saquear todo el dinero público que se ponga a tiro, que siempre queda el recurso del perdón y el indulto. Y además, en el caso de políticos y funcionarios, también se puede perdonar la inhabilitación de empleo o cargo público, y presentarse de nuevo a elecciones. Y, si no, pregúntenle a los alcaldes de Santa Susanna, Joan ampolier (IU), o de Burgos, José María Peña San Martín (PP), condenados por prevaricación urbanística, que tras el indulto el primero volvió a ser alcalde y el segundo concejal. Vamos, un chollo.
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