Horas y días angustiosos viven Antonio y Berta en la casa en la que pusieron sus ilusiones y sus ahorros hace casi 30 años. Una orden judicial de desahucio determina que el 19 de septiembre deberán salir de ella para siempre. Antonio reconoce que "esto es criminal; ni comemos ni dormimos".

El matrimonio está pendiente de lo que el Tribunal Supremo decida sobre su caso y dicha institución debe pronunciarse en los primeros días del próximo mes.

Antonio explica que la resistencia se hace más llevadera "gracias a los vecinos y a las asociaciones, que nos han apoyado en todo lo que hace falta".

Y es que en la defensa de su causa hay todo un movimiento organizado, que planifica desde "escraches ante un juzgado" hasta una "peregrinación reivindicativa" a Candelaria para divulgar y recordar este asunto.

A mediados de los años 80, el matrimonio vendió un "piso precioso" que tenían en el barrio de La Candelaria, en La Cuesta, y un terreno que Berta poseía en Vistabella para adquirir su actual morada. Esa decisión la tomaron porque la mujer tenía buenos recuerdos de su infancia cuando acudía con una familia a pasar los veranos en la localidad norteña.

Antonio sigue sin comprender por qué "una jueza no quiere reconocer su error, por qué no da marcha atrás en su decisión, tan claro como está".

El conflicto comenzó por la existencia de una pared medianera compartida con su vecino Urbano Hernández y a Antonio se le apercibió para que hiciera un muro en el interior de su vivienda.

Y dicha pared se hizo, aunque carecía de unas "bases más sólidas". Sin embargo, arquitectos municipales le dijeron que en su casa no hacía falta esa medida porque estaba levantada sobre buenos cimientos. Y esa misma respuesta se la dio un perito judicial. Pero, un año y medio más tarde, según recuerda Antonio, una segunda perito determinó que debía acometer la colocación de dichas bases y que dicha obra le costaría unos 136.000 euros. Antonio no aceptó tal imposición. Con el avance del procedimiento, finalmente su vivienda salió a subasta y Antonio y Berta, que tenían un abogado de oficio, ni se enteraron de que la autoridad judicial había adoptado tal medida.

Y su vecino, Urbano Hernández, logró la adjudicación. Según la versión de Antonio, dicho vecino le pide ahora, en total, unos 190.000 euros para recuperar su casa.

Hace 10 años que empezaron los problemas con su casa y la pesadilla aún no ha terminado.

La última asamblea de la Plataforma que los apoya ha decidió llevar el caso ante el Gobierno de Canarias y realizar una "sentada y un escrache ante el Juzgado número 5 de La Laguna".

Y, además, solicitan al alcalde, Álvaro Dávila, y a los policías locales que ejerzan la "objeción de conciencia" para no afectar al matrimonio. En las próximas semanas se intensificarán las acciones de protesta y los impulsores de la medida prevén recordar el problema ante medios de comunicación de ámbito nacional.

Antonio habla con amargura y asegura que si, en el momento oportuno hubiese tenido toda la documentación relativa a las obras que efectuó en su casa, posiblemente no estuviera viviendo "el calvario" de estos últimos años. Antonio señala que, en su día, acudió al Ayuntamiento de Tacoronte para solicitar que le entregaran todos los papeles en los que constaban los trabajos que había realizado en su vivienda. Sin embargo, lamenta que en ese momento le respondieron desde la administración municipal que dichos documentos "no estaban". Al cabo de los años, una persona vinculada al consistorio se dirigió a él para decirle que había encontrado un "dossier" con todos los documentos. Y, según explica Antonio, ya era tarde para poder hacer un uso adecuado de los mismos. En las terribles horas de presión por las que pasa el matrimonio, Antonio manifiesta que "no tengo palabras para agradecer el apoyo que recibimos de nuestros vecinos". La actividad de la Plataforma no para y cada semana celebra asambleas para preparar las medidas que piensan que pueden impactar en la opinión pública.