El director del ente público Puertos Canarios, Juan José Martínez, anunció ayer que el Gobierno de Canarias y el Estado han alcanzado un acuerdo definitivo sobre los usos comerciales y complementarios de los terrenos del futuro puerto del Puerto de la Cruz. Martínez se reunió ayer con los responsables del área de Dominio Público de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y logró alcanzar un acuerdo para permitir los usos comerciales previstos en el proyecto presentado por la Comunidad autónoma. Desde el Gobierno canario se recalca que el proyecto para el nuevo muelle de Puerto de la Cruz, cuya construcción requiere una inversión mínima de 70 millones de euros, "se podrá realizar tal y como había planteado el Gobierno de Canarias en el proceso público abierto para la concesión de las obras, que sigue adelante". Martínez desbloqueó con el Gobierno de España "las condiciones y reparos que Costas había puesto al proyecto en numerosas ocasiones y que ha generado un considerable retraso en su puesta en marcha". Este encuentro se produce después de que Puertos Canarios decidiera interponer un recurso contencioso-administrativo para tratar de desbloquear "al menos la edificación de una zona comercial en el área de tierra y de las plazas de aparcamiento suficientes". Después de varios años en esta situación de bloqueo, la Comunidad autónoma optó por sacar el puerto en concesión administrativa, de tal manera que la empresa que se encargase de construir el puerto obtendría a cambio la explotación de la infraestructura durante 30 años. El proyecto sacado a concesión administrativa contempla más de 500 atraques deportivos y 50 atraques pesqueros; una superficie para actividades comerciales y de ocio de 10.000 metros cuadrados, y un aparcamiento de 1.700 metros.
