El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se han acogido hoy a su derecho a no declarar sobre los ERE, el mismo día que la juez Mercedes Alaya ha asegurado que la instrucción de la causa está "en la recta final".

Fernández, Guerrero y Barberá, que ya están imputados en la rama central de los ERE, estaban citados hoy en relación con la nueva investigación sobre las ayudas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para ellos medidas personales ni civiles.

La juez Alaya ha emitido un auto en el que rechaza la petición del fiscal de suspender las 25 declaraciones de nuevos imputados fijadas para esta semana y de dividir la causa de los ERE en piezas -una por cada ayuda investigada- y lo hace por "la importancia, máxima en esta recta final, de mantener la continencia de la causa".

Explica que ella misma ha hecho un "intenso estudio" de 32 actas del Consejo Rector de las agencias andaluzas IFA e IDEA y considera que no está concluida la pieza del llamado "procedimiento específico", que debe investigar la rama política de las ayudas.

"Precisamente dentro de este procedimiento estaría incardinada la actuación de los imputados como integrantes del Consejo Rector y quienes, como tales, actuarían como una pieza más del engranaje con el fin de dar apariencia de legalidad al pago de las subvenciones al margen del procedimiento establecido y con las consecuencias tantas veces repetidas en resoluciones anteriores", dice Alaya.

En ese mismo auto, la juez acepta la solicitud de Braulio Medel, presidente de Unicaja, de aplazar su declaración prevista para el miércoles, para lo que ha argumentado razones personales, y su nueva comparecencia ha sido fijada para el próximo 5 de junio.

Un cuarto imputado citado hoy, el exdirector del IFA Francisco Mencía, ha aportado un certificado médico y su declaración ha sido pospuesta al jueves, mientras que su sucesor Miguel Ángel Serrano, que ocupó el cargo entre 2004 y 2008, también se ha acogido a su derecho a no declarar.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Serrano una fianza civil de 26.036.437 euros, equivalente al 5 por ciento de los 391.525.378 euros a que ascendieron las transferencias al IFA entre 2004 y 2008, incrementado en los porcentajes legales.

Serrano ha entregado un escrito en el que denuncia que los hechos presuntamente delictivos que le imputa la juez se basan en su declaración prestada en calidad de testigo, "declaración por la que no se me puede incriminar como imputado, pues no ha sido prestada con las debidas garantías constitucionales -sostiene-".

El imputado, además, no ha ratificado ninguno de los extremos manifestados ante la Guardia Civil porque su comparecencia duró 4 horas y 15 minutos y lo que declaró "fue bastante más extenso de lo que figura" en los once folios recogidos por los investigadores.

Alaya ha imputado a este ex alto cargo el "uso inadecuado" de las llamadas transferencias de financiación, que debían destinarse a la actividad genérica del IFA y "en modo alguno para el pago de subvenciones, pues ello suponía prescindir del procedimiento legal de subvenciones y de sus controles por parte de la Intervención".