El ataque al acto de celebración de la Diada en Madrid ha concitado hoy la condena unánime del Gobierno y de todos los partidos y ha provocado voces que alertan de las consecuencias de la "catalanofobia", de que no hay que minimizar estos hechos y de que se debe ilegalizar a los partidos radicales.
Las declaraciones de repulsa a ese ataque (seis de cuyos autores han sido detenidos y otros seis se han entregado a la Policía) se han sucedido durante toda la jornada, así como la solidaridad con los dirigentes políticos que sufrieron la violencia de quienes irrumpieron en ese acto.
Entre ellos el portavoz adjunto de CiU Josep Sánchez Llibre, quien tuvo que ser atendido ayer en un hospital y que, en rueda de prensa en el Congreso, ha considerado hoy que esa acción es aislada pero ha defendido que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que haya más actos de "catalanofobia" de ese tipo.
Sánchez Llibre no ha descartado la posibilidad de que CiU pida la ilegalización de las formaciones políticas de ultraderecha a las que pertenecen los detenidos, aunque ha instado a analizar la cuestión con tranquilidad y actuar después en consecuencia.
Pero uno de los dos partidos de su coalición, CDC, ya ha reclamado públicamente la ilegalización de las organizaciones ultraderechistas a las que pertenecen los detenidos.
CiU ha decidido también pedir la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para informar de estos hechos, una solicitud asumida también por el PSOE e ICV.
Sánchez Llibre ha señalado que habrá que decidir si, a partir de ahora, es necesario pedir protección oficial ante actos como el de la Diada en Madrid, una cuestión ante la que el consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler, ha anunciado que se van a revisar los protocolos de seguridad de las oficinas de la Generalitat situadas fuera de Cataluña.
En nombre del Gobierno, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado "la más enérgica condena" al ataque, mientras que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido que la acción de ayer, aunque perpetrada por una minoría, ha de tomarse en serio por el Ejecutivo ya que cree que empieza a haber síntomas que preocupan.
Sin embargo, no se plantea por ahora reformas legales para ilegalizar a este tipo de partidos u organizaciones, y defiende las actuaciones policiales para cortar "de raíz" estas actitudes.
Otra de las presentes en ese acto, la diputada del PSC Teresa Cunillera, ha pedido igualmente no minimizar la acción porque demuestra que "la bestia no está muerta". Peticiones similares han realizado la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el líder de IU, Cayo Lara.
Lara ha reclamado al Gobierno que no mire para "otro lado" ante un ataque "fascista y nazi" que es "absolutamente repudiable".
"No son chiquilladas, y están pasando cosas que si no se cortan a tiempo pueden terminar en acontecimientos graves que todos tengamos que lamentar", ha advertido.
Entre los dirigentes del PP que han condenado el acto, su portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido una reflexión sobre la "intolerancia creciente" en España y ha recordado que otros diputados también han sido víctimas de agresiones, tanto en las redes sociales como en la calle.
La indignación de todos los partidos se ha plasmado en una declaración del Congreso aprobada por unanimidad y leída por su presidente, Jesús Posada, quien ha recalcado que la democracia es "incompatible" con actos de violencia que vulneran la libertad de los españoles.
Los detenidos por la acción de ayer, pertenecientes a organizaciones de ultraderecha como Falange y Democracia Nacional, son acusados de cuatro delitos por la Policía.