El juez del caso Gurtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, preguntó ayer a los peritos de Hacienda que le informen sobre si, desde 2007 en adelante, pudo haber delito contra la Hacienda Pública por el PP y por personas que pudieron haber percibido dinero de la denominada "Caja B" del partido.
Además, pide a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre si existen eventuales vinculaciones entre donaciones supuestamente percibidas por el PP, procedentes de imputados en la causa, y contrataciones a las empresas de estos por parte de administraciones públicas gobernadas por los populares, lo que podría constituir posibles delitos de cohecho.
Ante la documentación recabada por el juzgado, el juez decide solicitar a los peritos judiciales de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado los citados informes que determinarán si existen los citados delitos.
A los primeros, los de Hacienda, les pide que determinen la posibilidad de delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 del Código Penal) en relación con "las obligaciones fiscales" del PP sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante (los anteriores habrían prescrito).