La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de una pena de treinta años de prisión y una multa de 810 millones de euros para Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama del "caso Malaya", aunque ha retirado la acusación para nueve de los 95 procesados.
El fiscal desgrana la actuación de Roca y el entramado societario creado por el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella.
En el escrito señala que Roca, "pese a no ser cargo electo ni detentar la jefatura de servicio municipal alguno, ha venido ostentando una posición de dominio sobre la corporación, al punto de que los concejales del equipo de gobierno y la propia alcaldesa aparecían subordinados a su poder de decisión".