El Gobierno catalán acordó ayer responder a la "ofensiva recentralizadora" del Ejecutivo central con medidas políticas y judiciales como recurrir los decretos sobre educación y sanidad que "invaden" competencias o sugerir la reducción de ministerios como los de Cultura, Sanidad o Educación, al ser materias transferidas a las comunidades autónomas.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, denunció que el Ejecutivo central "va cerrando poco a poco la puerta del diálogo y el acuerdo" y advirtió de que, ante los intentos de "laminar" las competencias catalanas con el "pretexto" de la lucha contra el déficit, la Generalitat "no se quedará de brazos cruzados ni tirará la toalla" y actuará "en legítima defensa".

A su juicio, la gota que colmó el vaso fue el real decreto ley de la semana pasada que devuelve al Gobierno la competencia de gestión de los ríos y todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma.

En su reunión de ayer, el Govern adoptó un paquete de medidas políticas, institucionales y jurídicas para hacer frente a la dinámica de "recentralización" que percibe del Gobierno central. De entrada, el Govern pedirá dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre el real decreto ley de educación, al considerar que invade competencias sobre la determinación de la jornada lectiva del personal docente, el plazo para la sustitución transitoria del profesorado y aspectos del ámbito universitario.

También prevé llevar el real decreto ley sobre sanidad al Consejo de Garantías Estatutarias y, si los dictámenes confirman la vulneración competencial de todos estos proyectos, los recurrirá ante el Tribunal Constitucional, siempre que no se puedan modificar por la vía de enmiendas.