La polémica por el uso de aviones oficiales en campaña electoral, que tuvo su punto álgido en 2009 por la utilización de un Falcon por parte del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, volverá la próxima semana al Parlamento con la presentación del informe del Tribunal de Cuentas sobre aquellas elecciones europeas, en el que se instaba a los partidos a aprobar una regulación que hoy, dos años después, sigue pendiente.

En su informe sobre las últimas elecciones europeas de 2009, el Tribunal de Cuentas pidió una regulación específica del uso de medios de transporte oficiales en las campañas electorales por parte de autoridades públicas para ayudar a "despejar incertidumbres" como la que se generó durante esa campaña por la utilización del avión militar Falcon a disposición de Presidencia del Gobierno para que José Luis Rodríguez Zapatero acudiera a mítines del PSOE.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, que será quien presente ese informe el próximo martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), precisó después que "el sentido fundamental" de aquella recomendación es que "todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña, debe ser definido como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado".

Y NO SÓLO MIEMBROS DEL GOBIERNO

Es decir, que no afecta sólo a los medios públicos que usan los miembros del Gobierno sino a todos los desplazamientos que realicen los distintos líderes políticos para participar en la campaña. Lo que se pretende es que se computen como gasto electoral para evitar "zonas de impunidad" a los efectos de fiscalizar las cuentas de los partidos.

Pero no era la primera vez que esa regulación se pedía en el Parlamento pues un año antes el Congreso había aprobado una moción de Esquerra Republicana donde se reclamaba, además de otros puntos como la supresión de tres ministerios.

En concreto, el punto 4 de aquella iniciativa, que salió adelante pese al voto en contra del PSOE, instaba al Gobierno a "regular el uso de los medios públicos por parte del presidente del Gobierno, Ministros y altos cargos del ejecutivo, tanto en la actividad pública como en la privada".

El caso es que la recomendación sigue incumplida, casi dos años después de que el Tribunal de Cuentas aprobara el informe y pese a que, por medio, se haya acometido una completa revisión de la Ley Electoral. El PSOE alegó desde el Gobierno que sería "muy complicado" regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a actos electorales.

Se justificaban en que, siguiendo ese criterio, habría que elevar el techo de gasto electoral permitido, ya que tendrían que contemplarse como electorales gastos como el uso que un alcalde hace de su coche oficial para ir a actos de su partido o incluso el coste de los escoltas de cualquier cargo político, y hasta el coche de éstos, cuando le acompañan a un acto electoral.

EN LA OPOSICIÓN, PP PEDÍA DEVOLVER EL DINERO

El PP, que ahora está en el Gobierno, defendió meses después en el Pleno del Congreso una iniciativa reclamando lo antes posible un régimen jurídico "completo" sobre el uso de aviones militares "para fines exclusivamente privados o partidistas" por parte del presidente y otros miembros del Gobierno y altos cargos.

Desde la oposición, el PP planteaba que, si se acreditan "razones de interés objetivo", como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice.