El Parlamento de Galicia aprobará mañana el proyecto de Ley de medidas en el empleo público, al que los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, han manifestado su rechazo, así como los sindicatos con representación en la administración central de la Comunidad autónoma.
Una delegación de estas organizaciones ha mantenido hoy reuniones con los tres grupos parlamentarios gallegos para demandar que se opongan a estas medidas planteadas por la Xunta y tanto socialistas como nacionalistas han coincidido en su rechazo a la propuesta gubernamental, que fue defendida por el portavoz del grupo mayoritario, Pedro Puy.
Delegados de los sindicatos CCOO, CIG, UGT y CSIF han anunciado hoy el inicio de encierros en los edificios administrativos de la Xunta en Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo en protesta por los recortes que afirman que supone el proyecto de ley.
Tras las reuniones de los sindicatos con los representantes políticos, los portavoces de los grupos parlamentarios socialista y nacionalista expresaron su coincidencia y la postura que mantendrán en el pleno que mañana abordará esta cuestión, en la que demandarán la devolución del texto.
El socialista José Manuel Lage dijo que "Feijóo está aplicando el rodillo" y "se niega a cualquier tipo de diálogo para buscar un acuerdo", por lo que resaltó que, "cuando alguien niega el diálogo, lo que está es mostrando su cara más autoritaria y más déspota".
Por su parte, la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, considera que el proyecto de ley es "inútil para afrontar la crisis" y supone la aplicación de "un programa ideológico regresivo" de recortes de derechos de los trabajadores y de los servicios públicos.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, ha sostenido hoy que las críticas del PSdeG al proyecto de ley de medidas temporales para el empleo público "no contribuyen nada a mejorar las cosas" y "no son positivas", sino "contradictorias" con sus propias actuaciones.
Por el contrario, Pedro Puy dijo que su grupo está de acuerdo "de forma clara y rotunda" con esta norma del Gobierno gallego porque contiene unas medidas "razonables" y además "temporales", y "quedan muy lejanas" de las adoptadas por otras administraciones y "probablemente justificadas".
Tras la reunión del Consello en que se aprobó este proyecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo había explicado que las medidas de la Xunta persiguen el ahorro de 80 de millones de euros "haciendo todo lo posible por no bajar los salarios".
El proyecto, que tendrá una vigencia de dos años, recoge la supresión de tres días de asuntos propios de los empleados públicos, al pasar de nueve a seis, y la reducción del cobro en los primeras jornadas de las bajas laborales, así como la revisión de las dietas de los directivos de empresas públicas y entes instrumentales de la comunidad.