El Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, impugnó ayer ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas de Bildu, y 16 de agrupaciones electorales, que considera que son el "plan B" de ETA y el "instrumento electoral" con el que la ilegalizada Batasuna planeaba volver a las instituciones.

El recurso contencioso-electoral de la Abogacía, al que hoy se sumará el de la Fiscalía General del Estado, sostiene que la coalición -integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e independientes- es el vehículo formal de la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios del 22-M y, por tanto, una sucesión del "complejo ETA-Batasuna".

En esa estrategia, los servicios jurídicos del Estado creen que la política de EA y de Alternatiba ha permitido propiciar "una alianza para la implementación electoral que sirviera de vehículo para facilitar la presencia de la izquierda abertzale ilegalizada en las instituciones", aunque entiende que esa colaboración "no alcanza la intensidad necesaria" para afectar a la legalidad de esos partidos.

Tras analizar los informes policiales, las declaraciones de los dirigentes de la coalición, las conversaciones intervenidas y los documentos de ETA, la Abogacía del Estado ve probado que detrás de Bildu está el plan de la organización terrorista gestado desde 2008 de "acumular fuerzas" y buscar la alianza con EA para "cubrir el espacio electoral perdido".

"Plan C residual"

Los servicios jurídicos del Estado opinan que Bildu está "gestionada, dirigida, articulada y coordinada" en sus aspectos fundamentales por la izquierda abertzale ilegalizada. Si Bildu era el "plan B" de ETA, según la Abogacía, existiría también "un plan C residual" en municipios o concejos pequeños donde no ha habido acuerdo entre los integrantes de la coalición y Batasuna y se han presentado candidaturas autónomas, de las que 16 también fueron impugnadas.

Entre las pruebas presentadas por el abogado del Estado destacan los acuerdos electorales (Herri Akordioak) que, a su juicio, demuestran que Bildu se diseña y ejecuta desde el mundo de Batasuna y que en las listas electorales se atribuyen los puestos en función de los votos que obtuvo ANV en 2007. Otra prueba que aporta son las conversaciones intervenidas por la Policía, de las que concluye que los dirigentes de Batasuna recurrieron a "intensas presiones personales" sobre ciudadanos "no excesivamente significados" por su relación con la izquierda abertzale para que accedieran a ser candidatos en Bildu.

Una conversación a la que se hace referencia en el recurso es la mantenida el 2 de abril entre el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, en prisión, y su esposa, Julia Arregi, en la que hablan de la elaboración de las listas de Elgoibar (Guipúzcoa), a la que se refieren como "los nuestros".

En el recurso, la Abogacía, pide también que se suspenda la obligación legal de la Oficina del Censo Electoral y de las Juntas Electorales de suministrar una copia del censo a las listas impugnadas. Con ello, pretende evitar que Bildu disponga de una copia del censo, que puede ser "un instrumento de localización de personas utilizado para atentar, amedrentar o coaccionar".

Mientras el Gobierno, el PP y UPyD mostraron su satisfacción por la impugnación, el resto de formaciones políticas criticaron la iniciativa y la consideraron como un error. Así se pronunciaron los portavoces de la práctica totalidad de partidos del País Vasco, incluidos los socialistas, así como Izquierda Unida, ERC y CiU.

Por su parte, PNV, Aralar y Ezker Batua Berdeak han mostrado su disposición a reunirse con Bildu a petición de la coalición abertzale que pretende saber qué van a hacer el resto de formaciones políticas si les anulan las candidaturas.