El Pleno del Parlamento rechazó, con los votos en contra del PSOE-A y a favor de IULV-CA, una proposición no de Ley presentada por el PP-A en la que se solicitaba que la Cámara instara a la Junta a ampliar la investigación interna llevada a cabo por la consejería competente en materia de empleo a todas las ayudas concedidas para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) y a empresas en crisis desde el ejercicio 2001, sin establecer limitaciones sólo a expedientes "vivos", sino también a aquellos que "muertos", es decir, los que ya han sido abonados y no tienen pendientes ningún compromiso de pago.
En su intervención en el Pleno del Parlamento, la diputada del PSOE-A Pilar Navarro djo que "no por mucho repetir una mentira ésta se convierte en verdad" y que el PP-A lleva bastantes meses yendo por detrás y a "rebufo" de las actuaciones realizadas por el Gobierno andaluz en esta materia. En su opinión, la mitad de la iniciativa de los "populares" está compuesta por "mentiras" y la otra mitad por propuestas que ya está llevando a cabo la Junta.
Mientras, la portavoz del PP-A, Esperanza Oña, criticó la negativa a ampliar la investigación interna a los ERE "muertos", argumentando que si se han encontrado irregularidades en el 50% de los ERE "vivos" "por pura deducción, se podría pensar que en los que ya han sido abonados también se pueden encontrar irregularidades".
Por otro lado, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, nombro un fiscal delegado para la investigación sobre este caso, que trabajará junto al fiscal delegado de Anticorrupción en esta provincia. En concreto, se trata de Manuel Fernández Guerra, cuya designación se ha hecho para este cometido específico y sin un plazo cerrado de duración del mandato.