La secretaria de Política Internacional y portavoz del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, defendió ayer que la Fiscalía no se dejó influir por la Embajada estadounidense en los juicios que perjudicaban a este país, aunque mantuviese conversaciones sobre el asunto.
Según aseveró, pudo haber "informaciones paralelas" a los diplomáticos, pero "de ninguna manera las conversaciones influyen en lo que es la posición independiente y legal de la Fiscalía". "Que se hable del asunto no significa en absoluto que se esté influyendo sobre el procedimiento", apostilló.
Valenciano se pronunció así en relación con los cables de la Embajada estadounidense en España filtrados por Wikileaks que han desatado la polémica. Además, sobre el contenido de los cables, la dirigente socialista puntualizó: "Una cosa es lo que hacen los diplomáticos, otra lo que cuentan a sus responsables que han hecho, y otra tercera es lo que finalmente acaba pasando", recalcó, antes de subrayar que en estos asuntos lo que ha sucedido "es la aplicación del Estado de Derecho y la independencia de los jueces".
Desde la Fiscalía, que aparece citada en los informes como colaboradora de EEUU para conseguir archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidense, se reconoce que atendió "solicitudes de información efectuadas por Estados Unidos", sin embargo defienden la absoluta autonomía e independencia del Ministerio Público.
En esta línea, el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa abierta por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak el 8 de abril de 2003, aseguró que mantiene con la embajada norteamericana una relación meramente institucional a causa de su puesto como juez decano de la Audiencia.
Por su parte, Eloy Velasco, responsable de la causa contra seis miembros de la administración Bush por la construcción de la base legal que permitió la apertura y las prácticas desarrolladas en la prisión de Guantánamo, manifestó que nunca se ha sentido presionado en el desarrollo de su actividad.
En similares términos, el fiscal Vicente González Mota, encargado de la causa conocida como de los Vuelos de la CIA y ocupa el cargo de coordinador de terrorismo en la Audiencia, recalcó que el Ministerio Público actúa siempre conforme a las leyes españolas y cumple con la "obligación" de informar a las partes y a las asociaciones personadas después de fijar su posición ante el juez y siempre preservando el secreto de sumario.
Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pidió ayer "respeto para el criterio de jueces y fiscales" y que "no atendamos a cables diplomáticos para hacer una valoración de comportamientos que no han sido contrastados". Entre tanto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, reiteró la petición de que dimita Conde-Pumpido y el máximo representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por "haber colaborado en una labor de obstrucción de la Justicia totalmente contraria a su papel de garantizar los intereses públicos de la Justicia" en el caso de la muerte de Couso.
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