El grupo popular en el Congreso pretende que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explique la semana próxima ante el pleno de la Cámara qué medidas adoptará para esclarecer los procedimientos de la Policía Nacional en los casos Faycán y Góndola.

Los populares han presentado una interpelación urgente al Gobierno, para su debate en la sesión de control del próximo miércoles, con el fin de que informe de las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para esclarecer los hechos y depurar las consiguientes responsabilidades.

Ayer mismo el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, anunció una querella criminal por prevaricación y falsedad documental contra la jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega, y contra otras siete personas por la presencia de un periodista en la declaración policial del denunciante del caso Faycán, en enero de 2007.

La querella criminal incluye al entonces jefe superior de la Policía Nacional en Canarias Narciso Ortega; al denunciante del caso, Francisco Benítez Cambreleng; a los dos policías que le tomaron declaración; al periodista que supuestamente asistió al acto; al director de su medio, Canariasahora.com, Carlos Sosa; y al propietario, José Francisco Henríquez.

El PP sostiene en su petición de interpelación que, según las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, los procedimientos de algunos responsables de la Policía Nacional del archipiélago en los dos casos mencionados "se apartan de los protocolos" que habitualmente emplean las fuerzas de seguridad, "y no garantizan los más mínimos derechos de los ciudadanos afectados".

Según este grupo parlamentario, hay varios ejemplos que ponen en relieve la necesidad de explicaciones por parte del Gobierno, como el hecho de que sea la brigada de información de la Policía -y no la Policía Judicial- la responsable de la investigación, o la forma en la que se produjeron las detenciones y las tomas de declaración de los afectados.

También cita como ejemplos la denuncia del Sindicato Nacional de Comisarios contra la Jefa Superior de Policía de Canarias de estar persiguiendo e instigando a un comisario contrario a los métodos empleados, o "la sensación generalizada de que algunos mandos policiales actúan de acuerdo a criterios políticos y no profesionales".