Las vendedor afectados por el cierre del Mercadillo del Agricultor por parte del ayuntamiento, concretamente 15 de los 16 puestos, han destacado a EL DÍA que "el público ha elegido comprarnos a nosotros porque se ve que vendemos más barato y no especulamos con los precios. Este es un país libre y el cliente es el que elige".

En un documento, los afectados destacan que "desde hace tiempo el ayuntamiento ha empezado a denominarnos Mercadillo del Agricultor, cuando nosotros somos mercadillo de La Laguna. Esa denominación fue impuesta por el grupo de gobierno sin consultarnos, pues así podían aprovechar las subvenciones que venían desde Europa para los mercadillos".

Los asesores de las 15 familias que se han quedado sin su puesto de trabajo después de más de 45 años afirman que "estos vendedores no pertenecen al Mercadillo del Agricultor, pues esta denominación deben tenerla sólo los lugares que estén asociados a la Federación Canaria de Mercadillos. Hay unos 10 en Tenerife. Cada mercadillo tiene su propio estatuto de constitución y, por supuesto, La Laguna no pertenece a dicha federación porque no tiene el estatuto creado".

Los afectados añaden que "nosotros tenemos una existencia muy antigua y somos el segundo mercado en crearse, después del de Nuestra Señora de África".

Explicaron a este periódico que producen productos que venden directamente de sus tierras y que también otros campesinos les dejan sus cultivos para que se los vendan o compran a otros agricultores que no tienen. "Esto -resaltan- no es ningún delito".

Uno de los vendedores más antiguos del Mercadillo del Agricultor explicó que "las personas que conocen la agricultura saben que ningún agricultor produce de todo y cualquier mercadillo debe abastecerse en otros lugares de la Isla de los productos que no tienen en ese momento la zona, ya sea por la estación en la que se está, por algún temporal que se lleve los cultivos de la zona o por una sequía".

Quiso que toda la población sepa que desde los años 60 los afectados ya vendían en La Laguna, primero en la plaza del Adelantado y después en la trasera del Mercado Municipal, en un edificio anexo. "Desde siempre -prosiguen- hemos producido nuestros productos y hemos adquirido otros de diversas maneras, cosa que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y el Ayuntamiento de La Laguna nos ha dado la licencia para nuestros puestos con estas condiciones y ahora es cuando no las quiere renovar".

Pagadores de impuestos

Los vendedores afectados manifestaron que "somos autónomos, pagamos la Seguridad Social y cotizamos a Hacienda como las vendedoras de verdura del Mercado Municipal. Tenemos los mismos derechos como administrados y el ayuntamiento está siendo parte, perjudicando a unos para beneficiar a otros".

También contaron que mientras estuvieron en la trasera del Mercado Municipal no tuvieron problemas, debido, según dicen, "a que estábamos lejos de la vista del público y pocos conocían de nuestra existencia porque el ayuntamiento no informaba de nuestra ubicación y no éramos un estorbo para las vendedoras de frutas y verduras del Mercado Municipal."

Critican que los pusieron en la trasera del mercado nuevo y rechazan el que, "para la sorpresa de las vendedoras del Mercado Municipal, la gente empezó a conocernos, sabían de nuestra existencia, de la calidad, de la variedad y, sobre todo, de que nuestros productos eran muy económicos".

Los afectados consideran que siempre los han tenido escondidos, y -prosiguen- "se corrió la voz de que en La Laguna había un sitio al aire libre donde comprar productos de la tierra, baratos y con un buen servicio. Cada vez la gente comparaba más los precios, dentro y fuera, y se dio cuenta de que la fruta y verdura del mercadillo era más barata, tenía una calidad excelente y podían comprar en un ambiente cálido y más humano.

Con respecto al resto de colectivos, los afectados dijeron que no tenían "ningún problema y que las vendedoras de dentro del mercado tienen siete días para vender y nosotras sólo tres".

Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) solicita que se les otorgue una licencia provisional hasta que se redacte la ordenanza municipal y que después se les permita a los agricultores adaptar sus puestos a lo dispuesto en la norma municipal.