El exalcalde de Telde (Gran Canaria) Francisco Santiago ha defendido hoy que nadie le advirtió de irregularidad alguna cuando se construyó el Centro de Emergencia Social de Yrichen en San Antonio y que él se limitó a buscar fondos para que se hiciera la obra, por su interés social.
El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado hoy el juicio por las irregularidades que permitieron levantar ese edificio para la rehabilitación de toxicómanos en un terreno municipal calificado primero como rústico (1995) y después como urbanizable, pero con destino a parque o zona verde (2002).
La Fiscalía acusa de prevaricación a cuatro ediles de CC de aquella época que intervinieron en su autorización, Francisco Santiago, Ildefonso Jiménez, José Marcelino Galindo y Julián González, para los que demanda que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante nueve años (en la actualidad, solo Santiago sigue en el Consistorio, como edil de Nueva Canarias)
Además, pide que sean condenados a dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio los dos arquitectos que participaron en la obra, Elisenda M. y Antonio B.
Francisco Santiago ha manifestado en su declaración durante el juicio que los alcaldes no ven los informes en muchos casos, sino que atienden a los criterios de que les expresa el secretario del Ayuntamiento y que, en este caso, el de Telde le indicó que la obra tenía informes favorables jurídicos y técnicos.
El exregidor municipal sí ha admitido que escuchó "discrepancias" sobre el emplazamiento elegido, pero las mismas que puede generar la construcción "de una cárcel o un desguace", ha precisado.
También ha recalcado que su intervención se limitó a buscar fondos en las administraciones para poder abordar la construcción del centro, por su interés social y público.
La denuncia que puso en marcha este procedimiento fue presentada en febrero de 2002 por la Agrupación Federal del Valle de Jinámar, que representa a vecinos de la zona residencial aledaña al centro de emergencias que atiende a drogodependientes en La Pardilla.
El expresidente de este colectivo vecinal ha explicado, como testigo, que la denuncia se planteó porque consideraban que el centro se construyó en un suelo agrícola donde no se podía urbanizar y porque el acceso al mismo se realiza por medio de unos jardines que son propiedad de la comunidad de vecinos, problema que ha dicho no se ha resuelto, y por el que se han emitido diversas solicitudes al Ayuntamiento de Telde.
El exalcalde de Telde ha recalcado en su declaración que consideró que el centro social de Yrichen tenía un "interés general y social" y que su función fue la de buscar vías de financiación para llevarlo a cabo, tanto con otras administraciones como con empresarios, porque correspondía a los técnicos determinar si la obra era legal o no.
Santiago ha insistido que el secretario del Ayuntamiento dio el visto bueno al proyecto, ya que había informes técnicos y jurídicos favorables, por lo que se aprobó en la Comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento de Telde el 31 de Julio de 1995.
Los cuatro políticos imputados han coincidido ante la juez en relatar que el suelo tenía la calificación de suelo agrícola sin protección al iniciarse las obras y que fue a partir de 2002, con la adaptación del Plan General de Ordenación de Telde al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, cuando cambió el uso del suelo de esa parcela, que se destinó a un parque urbano y zonas verdes.
Durante el proceso, tanto los arquitectos como los políticos negaron que fuese necesario un informe de evaluación de impacto ambiental del Gobierno de Canarias, ya que la ley 5/87 establecía que sólo era necesario en caso de industrias, y este era un equipamiento de uso asistencial.
Es más, Francisco Santiago ha explicado que existía un convenio con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por el cual este departamento financió el coste que se había estimado para construir la primera planta.
El exregidor municipal ha subrayado también ante la magistrada que "ninguno de los imputados dirigían obras ni proyectos", sino que esa misión corresponde a los técnicos y jefes de servicios.
Los políticos imputados también han coincidido en que los expedientes no se leían en detalle, sino que se aprobaban en función de los informes emitidos, siempre que fueran favorables.
Los problemas con la instalación para drogodependientes de Yrichen, han añadido, surgieron tras la construcción del centro, porque "nadie quiere un centro de este tipo cerca de sus casas", en palabras de Ildefonso Jiménez, exconcejal de Urbanismo.
Los cuatro imputados por sus funciones políticas se negaron a contestar a la acusación particular, ejercida por el letrado José Mateo, mientras que los dos arquitectos sí respondieron a sus preguntas.
Durante el primer día de juicio, que duró aproximadamente seis horas y que concluirá mañana con las declaraciones periciales, han testificado, entre otros, el actual jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, quien ha asegurado que el expediente no se encuentra en su departamento y que cree que se gestionó todo en el área de contratación.
Los arquitectos imputados Elisenda M. y Antonio B. recordaron que el edificio actualmente se encuentra legalizado, como consta en el informe emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente (COTMAC) que aprobó parcialmente el Plan General de San Antonio, en el que se incluye la zona del centro.