El Pleno del Cabildo de La Gomera aprobó ayer, por unanimidad, la propuesta de convenio de colaboración a suscribir entre el Gobierno de Canarias y la corporación insular para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche para personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

Así, los centros de la Isla contarán con 1.473.462 euros, es decir, 595.588 euros del Cabildo y 877.874 euros del Gobierno de Canarias.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia, informó el Cabildo de La Gomera en un comunicado de prensa.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación entre las administraciones públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, el Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en 2011 con el Cabildo gomero para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

El Cabildo de La Gomera, se explica en la nota, continúa con sus políticas sociales a través de estas ayudas garantizando el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

Así, ambas instituciones mantienen los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.