El Cabildo de Gran Canaria ha pedido hoy a la comunidad autónoma que respete al reparto que establece la ley para la recaudación generada por el IGIC y ha reiterado su negativa a aplicar a sus empleados la reducción salarial del 5 por ciento que plantea el Gobierno canario.

El presidente de la corporación insular, José Miguel Bravo de Laguna (PP), ha reconocido contactos con los restantes cabildos "para fijar una posición común" y ha adelantado que Gran Canaria entiende que si hay un incremento de recaudación por la subida del impuesto general indirecto canario (IGIC) "se debe respetar el criterio de distribución hasta ahora vigente".

Sobre las retribuciones de los funcionarios y del personal de las instituciones, ha recordado que los cabildos y los ayuntamientos están sometidos a la legislación nacional y que, cuando ésta ha aplicado alguna disminución, se ha hecho.

"No nos parece correcto que, cuando no tenemos la obligación de hacerlo, también lo hagamos", ha destacado, en respuesta a la sugerencia del Gobierno canario de trasladar la rebaja salarial de la administración autonómica a cabildos y ayuntamientos.

Bravo de Laguna se ha preguntado qué habría hecho el Gobierno de Canarias "a la inversa, si el Estado hubiese determinado una reducción del sueldo de los funcionarios de las corporaciones locales", si se hubiera sumado o no a ella sin estar obligado.

"Pues no lo sé, aunque tengo mis dudas, porque cada administración tiene sus planteamientos", ha añadido.

Para el político popular, el Cabildo de Gran Canaria tiene un gasto de personal "absolutamente comparable con cualquier otra administración", ya que, ha apuntado, su capítulo I no excede prácticamente del 25 por ciento del presupuesto de 2012.

A su juicio, transmitir la idea de que todas las administraciones tienen que reducir las retribuciones porque su gasto de personal es muy fuerte, "no implica que cabildos y ayuntamientos tengamos que incrementar un sacrificio al que no están obligados legalmente".

"El Cabildo de Gran Canaria tiene gasto de personal absolutamente austero y esto lo digo como elogio a los gobiernos anteriores, de cualquier color político, porque la corporación, en este sentido, es un ejemplo de administración a la hora de no incrementar sus plantillas de forma innecesaria o artificial", ha resaltado Bravo de Laguna.

por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha comentado que en este momento el Ejecutivo está en la fase de diálogo. "Estamos buscando acuerdos entre todas las instituciones y queremos agotar hasta el último día la negociación con los cabildos y los ayuntamientos para llegar a acuerdos", ha dicho.

El consejero ha recordado que el Ejecutivo ha acordado una subida impositiva del IGIC, que es un recurso compartido entre el Gobierno, cabildos y ayuntamientos, y que figura en la Ley 9 de 2003 que regula la financiación de la financiación de las haciendas territoriales canarias.

"También seguiremos hablando sobre las medidas de gasto de personal y las posibles reducciones y ya saben las decisiones que ha tomado en ese sentido el Gobierno canario, un recorte del 5 por ciento de la masa salarial de los empleados públicos de la comunidad autónoma para este ejercicio", ha añadido.

Hernández Spínola ha adelantado que los cabildos y los ayuntamientos han tenido la ocasión de manifestarse públicamente y que, sobre esas cuestiones, se seguirá hablando esta semana en las reuniones a tres bandas que se realizarán a través de las federaciones de cabildos (Fecai) y municipios (Fecam), con el fin de intentar un acuerdo.

"Creo que es lo que demandan los ciudadanos de Canarias en una situación y en un contexto de crisis económica es que todas las administraciones estemos unidas", ha concluido el consejero.